Nacional
Jueves 12 abril de 2018 | Publicado a las 16:51 · Actualizado a las 11:38
Chile, el nuevo destino de la di√°spora haitiana
Publicado por: Fundación CARRE.RE
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En Haití, familias de pueblos prácticamente enteros se endeudan con prestamistas para emigrar a Chile. Pero el Departamento de Extranjería y Migración solicita requerimientos para regularizarse en el país que no están estipulados en la ley. Miles de haitianos quedan así entrampados en la pobreza y sus familias en la quiebra.

En el barrio Palmiste Bas, de Thomassique, un pueblo ubicado cerca de la frontera con Rep√ļblica Dominicana, en todas las casas visitadas durante esta investigaci√≥n, al menos un habitante del hogar ha emprendido el viaje hacia nuestro pa√≠s. Y es que Chile se ha convertido en el destino favorito de la di√°spora haitiana en Am√©rica del Sur. En 2016, 49 mil haitianos ingresaron al pa√≠s y en 2017 fueron 100 mil. Para viajar, muchos de ellos han adquirido cr√©ditos con prestamistas, dejando hipotecada la casa familiar, un terreno y en algunos casos ambas cosas.

Para ir a Chile son 125 mil gourdes (casi $1,2 millones chilenos), asegura Lolo, uno de los prestamistas del pueblo. Si la casa que será hipotecada cuesta 100 mil gourdes, el cliente recibirá como máximo un préstamo de 50 mil gourdes, explica Lolo.

La gran diferencia entre este tipo de pr√©stamo y uno bancario, es que el cliente debe reembolsar al prestamista, de una sola vez, el 100% de lo que le fue prestado. A la espera de que ello ocurra, cada mes, deber√° pagar un inter√©s que puede llegar a alcanzar el 20% del monto total. Por ejemplo, para un pr√©stamo de 50 mil gourdes se cobra un inter√©s de 10 mil gourdes por¬†mes. Eso, hasta que el cliente re√ļna los 50 mil gourdes y los devuelva. As√≠, si el cliente demora un a√Īo en reunir el dinero, habr√° pagado en impuestos casi tres veces el monto prestado.

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Paulette, a quien hemos cambiado el nombre para este reportaje, hipotecó la casa donde vive con su marido y sus siete hijos para que su primogénito pudiera viajar a Chile. Pidieron un préstamo de 150 mil gourdes ($1,5 millones chilenos) y cada mes deben pagar un interés de 15 mil gourdes ($140 mil).

Al mismo tiempo que re√ļne ese dinero mensual, Paulette debe procurar dejar de lado otro monto para reunir lo antes posible los 150 mil gourdes y devolv√©rselos al prestamista. Para lograrlo, espera que su hijo encuentre trabajo r√°pidamente en Chile y as√≠ pueda enviarles dinero para pagar los intereses y la deuda. Pero “el problema es que eso no ha ocurrido”, dice Paulette, con una sonrisa que intenta ser optimista.

S√≥lo el inter√©s que debe pagar Paulette y su familia mensualmente corresponde a casi la mitad del sueldo que ganar√≠a su hijo, si √©ste lograra encontrar un empleo por el sueldo m√≠nimo. El miedo de Paulette es el mismo de muchos habitantes de Thomassique que han dejado sus bienes en manos de un proyecto migratorio incierto: pasar a√Īos pagando intereses sin lograr juntar el dinero para pagar la deuda y finalmente perder la casa.

© Cristóbal Olivares y Danny Alveal
© Cristóbal Olivares y Danny Alveal
© Cristóbal Olivares y Danny Alveal
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En Hait√≠, el oficio de prestamista es una actividad legal y autorizada por la Direcci√≥n General de Impuestos, perteneciente al Ministerio de Econom√≠a y Finanzas. De hecho, Lolo guarda actualizada su patente la que renueva todos los a√Īos. Sin embargo, la ley que norma en este pa√≠s a las entidades bancarias, regulando las tasas de inter√©s y condiciones de los pr√©stamos, no ata√Īe a los prestamistas, pudiendo √©stos establecer arbitrariamente los intereses y las condiciones.

Desde que Lolo volvi√≥ de Rep√ļblica Dominicana, donde reuni√≥ dinero trabajando en la construcci√≥n, nunca le han faltado clientes. Al contrario, su negocio ha crecido. Comenz√≥ prestando peque√Īas sumas de dinero y con los intereses su negocio creci√≥. “Antes era Brasil, ahora es Chile”, dice.

La trampa

Es com√ļn que detr√°s de cada viaje, aunque se trate de uno individual, exista una empresa familiar que se ponga en marcha en favor del proyecto migratorio. El endeudamiento a trav√©s de un prestamista es una de ellas, pero no la √ļnica.

Estanel lleg√≥ a Santiago en 2016. Junto a su hermano, quien vive en Hait√≠, y a su hermana, radicada en Francia, ahorraron mes a mes un porcentaje de su salario para finalmente, al t√©rmino de un a√Īo, reunir el dinero necesario para su viaje: 1 mill√≥n 100 mil pesos. Once meses despu√©s de haber llegado a Chile, Estanel no ha conseguido trabajo, se encuentra en una situaci√≥n migratoria irregular y no ha podido responder satisfactoriamente a la empresa familiar que permiti√≥ el viaje.

Estanel se encuentra en situaci√≥n irregular porque, como muchos otros inmigrantes, no ha logrado acceder al denominado ‚Äúpermiso de trabajo‚ÄĚ, documento temporal que entrega derecho a emplearse mientras se tramita el visado. La raz√≥n: no ha logrado presentar, ante el Departamento de Extranjer√≠a y Migraci√≥n (DEM), un contrato de trabajo, elemento fundamental seg√ļn le dice el organismo, para acceder a dicho permiso y a la ‚Äúvisa temporaria por motivos laborales‚ÄĚ.

Como sucede con muchos otros extranjeros, cada vez que se le presenta a Estanel una oportunidad de trabajo, el empleador le solicita la cédula de identidad nacional o carnet. Sin embargo, el carnet no es en ninguna circunstancia un requisito legal para obtener un empleo.

El carnet es, de hecho, uno de los √ļltimos documentos al que accede un extranjero, mucho despu√©s de haber obtenido un empleo. As√≠, una cantidad considerable de inmigrantes, incluido Estanel, se encuentra irregular y desempleado pues el mercado laboral realiza una solicitud, el carnet, que va en contrasentido de los procedimientos migratorios.

Lamentablemente, esta no es la √ļnica dificultad que debe enfrentar Estanel y muchos otros inmigrantes para obtener un permiso de trabajo y acceder al mercado laboral.

Tras siete horas de espera en una fila que recorre cuadras y que luego se enrosca por las escaleras del DEM, Estanel obtuvo una hoja impresa con el listado de la documentación requerida para solicitar la visa temporaria por motivos laborales y el permiso de trabajo.

Subrayado en amarillo fluorescente, el √ļltimo requisito: un contrato de un a√Īo o preferiblemente indefinido. M√°s abajo, a√Īadido de pu√Īo y letra por el funcionario: en el peor de los casos un contrato de seis meses. Al consultar al DEM respecto de la solicitud hecha a Estanel, reconoce en un correo electr√≥nico que “no es necesario un contrato de un a√Īo, pero s√≠ el contrato debe tener una vigencia que es por lo menos mayor al tiempo de tramitaci√≥n [de la visa]. Por esto es preferible un periodo mayor a 6 meses”.

© Cristóbal Olivares y Danny Alveal
© Cristóbal Olivares y Danny Alveal
© Cristóbal Olivares y Danny Alveal
© Cristóbal Olivares y Danny Alveal

Las probabilidades de obtener un empleo indefinido o de un a√Īo, en primera instancia, son muy dif√≠ciles para cualquier persona. En general, las empresas acceden a nuevo capital humano a trav√©s de contratos de un mes o tres meses como m√°ximo, el tiempo de medir el rendimiento de los nuevos empleados. En ocasiones, incluso, los empleadores exigen ‚Äúperiodos de prueba‚ÄĚ, sin contrato, algo que la ley laboral considera efectivamente.

Las probabilidades para un inmigrante de obtener un contrato de 6 meses o más son, en este sentido, particularmente difíciles.
En definitiva, el DEM exige algo que el mercado, en rigor, no da en primera instancia, poniendo a los trabajadores extranjeros en una situación de extrema desventaja en relación a sus pares chilenos.

Pero el problema no dice relaci√≥n √ļnicamente con la ‚Äúlibre competencia‚ÄĚ de trabajadores en el acceso al empleo. El problema es de mayor gravedad: no existe ninguna ley o reglamento que respalde expl√≠citamente el requerimiento del DEM ni tampoco la explicaci√≥n que entrega, pues la norma no exige contratos con una vigencia espec√≠fica. Es m√°s, el organismo omiti√≥ informaci√≥n a Estanel, puesto que, seg√ļn √©ste mismo declara en el correo electr√≥nico, una persona puede solicitar una visa por motivos laborales con una oferta [de trabajo], aunque antes de estampar la visa tendr√≠a que presentar un contrato real. Es decir, ni siquiera ser√≠a necesario un contrato para obtener el permiso de trabajo.

Las exigencias injustificadas de un contrato indefinido por parte del DEM y el de un carnet por parte del empleador mantienen a Estanel, y muchos otros, al margen del mercado laboral, llevándolo de manera progresiva a una situación de pobreza y de extrema vulnerabilidad. Estanel sobrevive, actualmente, con el dinero que recibe de su familia en Haití, la cual supuestamente él debía apoyar.

Para contrarrestar esta gran dificultad en el acceso al permiso laboral, se han creado diversas soluciones, algunas il√≠citas, a la que la poblaci√≥n extranjera accede, buscando terminar con el ‚Äúproblema de los papeles‚ÄĚ. Una de ellas son los contratos falsos, es decir, acuerdos laborales donde las funciones y tareas estipuladas jam√°s ser√°n ejercidas realmente.

Las m√°s de 30 fuentes consultadas para esta investigaci√≥n muestran que la demanda de contratos falsos ser√≠a, principalmente, resultado del actuar discrecional del DEM. Ello en lo que respecta la exigencia injustificada de presentar un contrato, y m√°s a√ļn con una vigencia espec√≠fica.

As√≠ lo ejemplifica Fritz, haitiano de 37 a√Īos quien compr√≥ un contrato a una mujer chilena por unos 60 d√≥lares. “Tengo un primo m√≠o que me consigui√≥ de comprar un contrato para conseguir mi carnet y mi permiso de trabajo”, explica.

Cuando el Departamento de Extranjería y Migración se dio cuenta de la existencia de contratos simulados, comenzó a descartar del proceso de visado aquellas solicitudes que proveían contratos sospechosos, enviando dichas solicitudes a Policía de Investigaciones (PDI) para que realizara las investigaciones pertinentes.

© Cristóbal Olivares y Danny Alveal
© Cristóbal Olivares y Danny Alveal
© Cristóbal Olivares y Danny Alveal
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Ahora bien, seg√ļn Alexis Aguirre, abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), “la autoridad migratoria no tiene la facultad de declarar la falsedad de nada, porque es una autoridad administrativa y el concepto de falsificaci√≥n es algo jurisdiccional y por ende depende de los tribunales de justicia. Del mismo modo, seg√ļn el entrevistado, de ninguna manera PDI tiene esa facultad”, la de declarar falso un contrato, por las mismas razones antes se√Īaladas.

Pero el problema no es s√≥lo legal, sino tambi√©n de gesti√≥n. No existe ning√ļn protocolo o pauta al interior del DEM que explicite cu√°les son los criterios para considerar sospechoso un contrato. La decisi√≥n queda, por ende, al criterio de los funcionarios del organismo, quienes no necesariamente tienen las competencias para ello.

PDI, por su parte, admite revisar “una muestra no m√°s” y no la totalidad de solicitudes supuestamente sospechosas. Ello seg√ļn las palabras del Subprefecto Carlos Silva, del Departamento de Polic√≠a Internacional de la PDI. Es decir, hay un n√ļmero desconocido de visas detenidas que no ser√°n investigadas por PDI ni procesadas por el DEM, dejando a los solicitantes en un limbo administrativo.

Las cifras aproximadas entregadas por el DEM respecto de este problema revelan una situación desastrosa: actualmente, habría 15 mil contratos detenidos por ser considerados sospechosos.

Puedes acceder a una versión extendida de este reportaje en el sitio web de Fundación Carre.re

La precariedad administrativa

Hay tres organismos que participan en la tramitación de los documentos que cualquier inmigrante necesita tener: el Departamento de Extranjería y Migración, la Policía de Investigaciones y el Registro Civil. Pero la comunicación entre estas instituciones es precaria. El DEM posee un software de gestión de datos de 1996, el cual no permite, entre otras cosas, dar seguimiento al proceso administrativo de una persona una vez que la documentación ingresa a PDI. Con el Registro Civil, por otro lado, tampoco existe ninguna forma de comunicación que permita agilizar la obtención de la tan anhelada cédula de identidad nacional.

As√≠ como no hay una comunicaci√≥n efectiva entre las instituciones vinculadas, tampoco existe un organigrama que estructure los cargos y secciones en la compleja burocracia que caracteriza la tramitaci√≥n de visas y permisos. Ello seg√ļn informaci√≥n entregada v√≠a el portal de transparencia. De hecho, tampoco existen perfiles de cargos espec√≠ficos del DEM ni manuales de funciones que informen sobre qu√© debe hacer un determinado funcionario y c√≥mo debe hacerlo. El DEM funciona, en definitiva, “de manera bastante artesanal”, resume Alexis Aguirre, ex funcionario del organismo y actual abogado del INDH.

© Cristóbal Olivares y Danny Alveal
© Cristóbal Olivares y Danny Alveal
© Cristóbal Olivares y Danny Alveal
© Cristóbal Olivares y Danny Alveal

En este panorama organizacional, un permiso laboral demora aproximadamente dos meses en ser emitido luego de haber presentado la solicitud de visa. Durante esa espera, muchas personas pierden las oportunidades que encuentran o terminan trabajando de manera irregular.

En cuanto a las visas, √©stas pueden demorar hasta 8 meses en ser tramitadas. En la mayor√≠a de los casos detectados, la principal vulnerabilidad asociada a esta espera, seg√ļn la experiencia de los entrevistados, se ve reflejada en amenazas de despido injustificado. Es por ejemplo el caso de Joel, quien asegura que, a pesar de contar con su permiso laboral y una visa en tr√°mite, “me dicen muchas veces que si no llevo los papeles [visa], me van a botar del trabajo”.

Seg√ļn la Direcci√≥n del Trabajo, un empleador no puede despedir a sus empleados porque no tengan a√ļn su visa. Jorge Guzm√°n, jefe del Departamento de Inspecci√≥n de la Direcci√≥n del Trabajo, explica: “si a alg√ļn empleador se le viene a ocurrir una f√≥rmula distinta para despedir a un trabajador extranjero, ese trabajador est√° mal despedido, porque no existe causal que diga ‚Äú’te voy a despedir porque no has regularizado tu situaci√≥n migratoria’‚ÄĚ.

Ahora bien, independientemente de la ilegalidad del acto, en los hechos, seg√ļn esta investigaci√≥n, los inmigrantes s√≠ son despedidos y amenazados de despido debido a las demoras en la tramitaci√≥n de sus visas. Seg√ļn datos de la Corporaci√≥n de Asistencia Judicial, los casos de despido injustificado son mayoritarios entre las causas atendidas por la Oficina de Defensa Laboral.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos CEPAL/OIT.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos CEPAL/OIT.

Conscientes de este v√≠nculo entre la condici√≥n administrativa y los abusos laborales, el Instituto Nacional de Derechos Humanos recomend√≥ al Estado de Chile, en su informe anual de 2011, “impulsar una fiscalizaci√≥n activa que prevenga la vulneraci√≥n de derechos de la poblaci√≥n migrante, particularmente aquella que no tiene su situaci√≥n migratoria regularizada”. Cinco a√Īos despu√©s, en su informe anual de 2016, el mismo organismo aseguraba que, “a pesar de haberla solicitado, el INDH no cuenta con informaci√≥n relativa al desarrollo de una fiscalizaci√≥n activa por parte del Estado”.

Ahora bien, las fiscalizaciones, aunque sean aplicadas de manera correcta, se generan a partir de una denuncia realizada con anterioridad ya sea por los mismos empleados o por terceros. Sin embargo “lo que nosotros pesquisamos es que los trabajadores extranjeros no se acercan tanto al Estado”, asegura Jorge Guzm√°n.

Angeline, quien vive hace varios a√Īos en Chile y ha orientado a muchos otros haitianos en su inserci√≥n en Chile, explica que las personas “tienen miedo de hacerlo, porque ‘como reci√©n entr√© a trabajar, todav√≠a no tengo carnet, as√≠ que‚Ķ no, no voy a hacer eso’‚ÄĚ. En otros t√©rminos, si las personas est√°n en una situaci√≥n de vulnerabilidad, debido a su estatus administrativo, son pocas las probabilidades de que se realicen denuncias que desencadenen fiscalizaciones.

Por otro lado, la Unidad de Relaciones Internacionales y Trabajo Migrante de la Direcci√≥n del Trabajo (encargada de atender, entre otras cosas, los casos de vulneraci√≥n de derechos) no est√° enterada de c√≥mo funciona el proceso de regulaci√≥n migratoria. “Nosotros no tenemos que ver con la situaci√≥n migratoria de los trabajadores, absolutamente ninguna”, se justifica la coordinadora de la Unidad, Ana Bell. Ello, justo luego de confesar desconocer si un extranjero requiere o no de un carnet para poder ejercer una actividad laboral.

A falta de instituciones buenas son las personas

Hoy en d√≠a no hay manera de obtener informaci√≥n clara e inequ√≠voca sobre los tr√°mites que debe realizar un inmigrante. Si bien la informaci√≥n m√°s importante est√° en la p√°gina web del DEM, los procedimientos discrecionales, como las solicitudes de contratos con vigencia de un a√Īo, invalidan cualquier comunicado emitido por el organismo.

A falta de institucionalidad, quedan las personas. La informaci√≥n sobre el proceso administrativo, que manejan las 20 personas provenientes de Haiti entrevistadas para esta investigaci√≥n, est√° en efecto determinada principalmente por la experiencia que tuvieron sus pares en dicho proceso. El problema es que “cada persona tiene una informaci√≥n diferente”, explica Fritz. Ello pues cada quien tiene una experiencia distinta del proceso administrativo, debido a la discrecionalidad con la que act√ļan los organismos del Estado. Se crean as√≠ redes de informaci√≥n falsa o inexacta, llevando inevitablemente a la toma de malas decisiones.

Joe, por ejemplo, es un joven haitiano recién llegado a Chile. Tiene un capital de más de 2 mil dólares ($1,2 millones) para instalarse en el país, un nivel educacional escolar completo y posee una tarjeta de turista vigente. Joe tiene, por ende, buenas condiciones para encontrar un empleo. Pero Joe no tiene por ahora visa, permiso de trabajo ni mucho menos un carnet de identidad. Por ende, éste cree falsamente estar en situación irregular, desconfía de las instituciones del Estado debido a la experiencia de otros connacionales y considera viable la compra de un contrato simulado.

Ahora bien, los inmigrantes no son los √ļnicos desinformados respecto de los procedimientos administrativos vinculados con la obtenci√≥n de permisos y visas. Los empleadores tambi√©n lo est√°n. Prueba de ello es la exigencia contradictora y no justificada del carnet de identidad.

A pesar de la falta de información de los empleadores respecto del marco legal y administrativo para emplear extranjeros, no existe evidencia que nos permita suponer que éstos son, efectivamente, un objetivo en la comunicación del DEM, PDI o del Ministerio del Trabajo.

Mercado negro de habitaciones

Distintas investigaciones acad√©micas concuerdan en que existir√≠a una relaci√≥n causal entre la dificultad en el acceso a un permiso de trabajo y la vulnerabilidad habitacional. No es extra√Īo, en este sentido, observar que la mayor√≠a de las personas que residen en viviendas colectivas clandestinas se encuentra en una situaci√≥n administrativa similar a Estanel: sin acceso a una visa por no tener un empleo, y sin empleo por no tener una visa.

En calle Santos Dumont, en una de las comunas céntricas de la capital, un portón de más de dos metros de altura, con un cartel de lavado de autos, sirve de fachada para una vivienda colectiva clandestina donde viven aproximadamente 200 personas al interior. A excepción de una veintena de peruanos, todos son provenientes de Haití.

Con tablas de cholgu√°n y aglomerado, el galp√≥n fue dividido en dos pisos y √©stos a su vez en decenas de cub√≠culos que en su mayor√≠a no superan los dos metros cuadrados. En cada uno de √©stos duermen en promedio 3 personas sin calefacci√≥n ni luz natural y con instalaciones el√©ctricas improvisadas. En total se contabilizan 6 ba√Īos y 4 espacios para ducharse, sin agua caliente. Los ba√Īos hieden y hay filtraciones de agua, lo que acent√ļa el fr√≠o y la humedad. No hay suficientes contenedores de basura, hay cocinas en los pasillos y el lugar est√° infestado de ratas.

© Cristóbal Olivares y Danny Alveal
© Cristóbal Olivares y Danny Alveal
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© Cristóbal Olivares y Danny Alveal
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Para ingresar al mercado habitacional regular se solicita, en general, ingresos mensuales que tripliquen el monto del arriendo, un contrato de trabajo indefinido y un mes de garant√≠a. Igualmente, es com√ļn o√≠r testimonios en d√≥nde la c√©dula de identidad es un requerimiento del arrendador.

Sin m√°s opciones, muchos deben entonces conformarse con habitaciones como las de Santos Dumont, cuyos costos var√≠an entre 100 y 120 mil pesos mensuales. No hay hasta la fecha investigaciones que permitan proyectar el tama√Īo de este mercado negro habitacional en t√©rminos monetarios, pero las ganancias podr√≠an ser millonarias. Juana, la arrendadora de Santos Dumont, tendr√≠a una ganancia que ir√≠a de 7 a 8.4 millones de pesos mensuales, por el arriendo de las 70 habitaciones clandestinas.

Santos Dumont es uno m√°s de los muchos lugares que hoy en d√≠a forman parte del mercado negro de habitaciones, formado principalmente para captar inmigrantes en situaci√≥n de vulnerabilidad. Hombres j√≥venes en su mayor√≠a, pero tambi√©n mujeres embarazadas y ni√Īos viven as√≠ hacinados en espacios insalubres, en condiciones significativamente inferiores a las que ten√≠an en Hait√≠.

El camino por recorrer

La ineficacia del DEM y la exigencia injustificada de contratos y vigencias espec√≠ficas para la tramitaci√≥n de visas y permisos de trabajo dificulta considerablemente el acceso al mercado laboral de los inmigrantes en Chile. Junto con ello, la desinformaci√≥n entre los empleadores, quienes solicitan documentos que los postulantes no pueden entregar, complejiza a√ļn m√°s el panorama.

Realizar cambios en estos dos aspectos permitiría romper con el círculo vicioso en que se encuentra Estanel y muchos otros inmigrantes. Ello permitiría que, al menos, su inserción laboral se lleve a cabo de la manera en que teóricamente está normada.

El presidente Sebasti√°n Pi√Īera anunci√≥ un paquete de nuevas visas y la creaci√≥n de un Servicio Nacional de Migraciones. Superar las deficiencias del DEM es una necesidad mayor para asegurar el √©xito de esta nueva instituci√≥n: eliminar las solicitudes arbitrarias, reducir los tiempos de tramitaci√≥n, generar una comunicaci√≥n certera y efectiva con empleadores e inmigrantes y coordinarse con las diferentes entidades del Estado. De no ser as√≠, seguir√° habiendo grandes dificultades en la inserci√≥n laboral de los inmigrantes, lo que podr√≠a impactar tambi√©n en las condiciones de vida de miles de familias en Hait√≠.

Las deudas del proyecto migratorio y el cuidado de los hijos de quienes se han ido han aumentado los gastos mensuales de estas familias; muchas podrían incluso perder la casa hipotecada. Acceder al mercado laboral en Chile es una necesidad para aquellos que esperan ansiosos en Haití que la situación mejore, lo antes posible, por el bien de todos.

© Cristóbal Olivares y Danny Alveal
© Cristóbal Olivares y Danny Alveal
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Puedes acceder a una versión extendida de este reportaje en el sitio web de Fundación Carre.re

Una producción de Fundación para proyectos periodísticos CARRE.RE
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Con el apoyo de Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES)

Investigación: Cristián Carrere, Michelle Carrere y Paulina Aldana
Fotografías: Cristóbal Olivares y Danny Alveal
Video: Michelle Carrere
Fixer en Thomassique, Haiti: Potchy Nicolas

Especial agradecimiento a las familias Adonna, Nicolas y Decelien.

URL CORTA: http://rbb.cl/jvvh
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