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Cema Chile dilata nuevamente el acuerdo para iniciar la entrega de sus inmuebles al Estado

ARCHIVO | Agencia UNO
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La ministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma, anunció este lunes que la Fundación Cema Chile decidió postergar nuevamente -por tercera vez- la firma de un acuerdo que se ha intentado fraguar desde hace 6 meses entre los abogados de la entidad y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Lo anterior, pese a que el acuerdo de reparación judicial ya estaba íntegramente acordado hace 3 semanas, donde incluso ya se había señalado que el organismo comenzaría a devolver parte de los bienes que el Estado le había asignado durante la dictadura en Iquique y Punta Arenas.

En concreto, se apuntaba al retorno de 89 inmuebles al Estado y el traspaso de otros 22 a entidades de beneficencia.

Si bien el texto se iba a firmar la mañana del martes, “por el contrario, la fundación ha solicitado firmar este acuerdo el próximo 19 de diciembre”, explicó la jefa de la cartera.

Tras ese anuncio, Palma lamentó “profundamente la actitud de Cema Chile de dilatar nuevamente este acuerdo. De verdad me cuesta creer ya en la buena voluntad de la institución para llegar a un acuerdo con el Estado y así reparar con celo el daño causado desde el punto de vista civil a la sociedad chilena”.

“Es raro entender por qué esta decisión. Tampoco me queda claro que el martes 19 finalmente la fundación vaya a firmar“, agregó.

Según explicó Palma, el acuerdo se encontraba totalmente sellado. Incluso estaba acordada la autorización para que ellos pudieran usar los fondos que están embargados para el pago de los correspondientes sueldos e indemnizaciones a los trabajadores que en su momento tendrán que ser finiquitados, ya que este acuerdo también implica el término de la fundación Cema Chile.

“Si no hay acuerdo, el ministro (Guillermo de La Barra) tendrá que buscar la forma para que se pueda indemnizar civilmente los daños causados al Estado (…) habrá que seguir por la vía judicial”, recalcó.

En dicha causa se investiga el presunto delito de malversación de caudales públicos por la venta de parte de las 260 propiedades que el Estado le donó a esta institución mientras la viuda de Augusto Pinochet, Lucía Hiriart, ocupaba la presidencia.

De hecho, Hiriart realizó su última aparición en la agenda pública en diciembre de 2016, cuando declaró ante el ministro del caso -en su domicilio de Lo Barnechea- respecto a este caso.

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