Pese a la decisión de la Corte Suprema, la votación de los internos de los centros penitenciarios continúa en duda. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) advirtió sanciones contra el Servicio Nacional Electoral (Servel) y Gendarmería por eventual desacato, en caso que no cumplan la resolución que dispone dar facilidades a reos habilitados para votar.
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El jefe de la Unidad Jurídica Judicial del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Rodrigo Bustos, afirmó que las dos entidades deben coordinarse para trasladar -como medida más factible- a los reclusos a los centros de votación para que puedan ejercer su derecho a voto.
Al respecto, la abanderada del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, calificó como lamentable la nula resolución presidida por el Servel y Gendarmería. Afirmó que no se respetó el fallo judicial.
El candidato del PRO, Marco Enríquez-Ominami, también se refirió acerca de esta problemática y aseguró que todos los ciudadanos que cumplan con la ley tienen derecho a sufragar.
En este contexto, la Corte de Arica obligó a las dos entidades a acatar la resolución, de lo contrario, se exponen a sanciones administrativas por incumplir resoluciones judiciales ordenadas por la Corte Suprema.
En duda
Ayer viernes, BioBioChile contactó tanto al Servel como a Gendarmería para conocer si efectivamente se concretará la instalación de mesas receptoras en las cárceles.
Desde el servicio a cargo del proceso eleccionario detallaron que los locales de votación están establecidos por ley, y por tanto, habilitar nuevos recintos a poco más de 24 horas de los comicios constituiría un acto ilegal.
Asimismo, aclararon que la responsabilidad de ellos es garantizar que los internos dispongan de sus cédulas, inscripciones y recintos de votación para participar del proceso; pero no de llevar las mesas hasta los centros de cumplimiento penitenciario.
De esta forma dejan implícita también la responsabilidad en Gendarmería, de proporcionar traslado a los internos que deseen hacer uso de su derecho a voto, hasta los locales.
Sin embargo, desde la institución dependiente del Ministerio de Justicia aclararon que si bien respetan y acatan las decisiones de las Cortes, hasta ahora “hay una situación judicial y administrativa que es la que va a determinar qué es lo que va a ocurrir y cómo”.
