La petición del Gobierno para cambiar la medida cautelar de prisión preventiva a una que resguarde la integridad física de los cuatro comuneros mapuches en huelga de hambre y la agilización de la reforma a la Ley Antiterrorista, fueron criticadas por la oposición.
El senador de Renovación Nacional por la Araucanía, Alberto Espina, señaló que el Gobierno actuó con debilidad y bajo presiones, calificándolas como “medidas innecesarias”.
Por su parte, el diputado independiente y candidato presidencial, José Antonio Kast, sostuvo que la decisión del Gobierno es una “ofensa al Estado de Derecho”, emplazando a la presidenta Michelle Bachelet a “combatir el terrorismo”.
Desde el Ejecutivo descartaron presiones, que responsabilizan también al Partido Comunista, luego que su presidente Guillermo Teillier manifestara la preocupación de la colectividad por la situación de los comuneros.
En La Moneda, el ministro de Desarrollo Social, militante del PC, Marcos Barraza, indicó que el Gobierno está preocupado tanto de la acción de la justicia como de la salud de las personas.
Las críticas a la ley antiterrorista también provinieron desde otra de las carta presidenciales, la abanderada del Frente Amplio, Beatriz Sánchez.
La periodista afirmó que es una ley injusta que deprime el “debido proceso” y que es “profundamente ineficiente”.
En tanto, desde el Ministerio del Interior aún no confirman si el titular de la cartera, Mario Fernández, se reunirá con los familiares de los comuneros y alcaldes de la zona.
