El aumento de parlamentarios a partir de 2018 podría implicar importantes diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado, por la redistribución de las platas que administran ambas corporaciones.

Integrantes de la Comisión Mixta de Presupuestos del Congreso emplazaron al Gobierno a clarificar si el nuevo Congreso que se elegirá en noviembre próximo implicará o no un mayor gasto fiscal.

Quedan pocas semanas para constatar si será cierta o no la promesa hecha por el actual gobierno que al eliminar el sistema binominal y aumentar el número de parlamentarios, comprometió que los 35 nuevos diputados y los 12 senadores adicionales, no significarán un mayor gasto para el erario fiscal.

Esto por que el 30 de septiembre próximo debe ingresar a trámite legislativo el Presupuesto de la Nación para el año 2018, ocasión en que se conocerá si el Ejecutivo asignará más recursos al nuevo Congreso o si efectivamente se exigirá a las Corporaciones del Senado y la Cámara que redistribuyan sus ingresos para que absorban el costo que tendrá el aumento de 47 parlamentarios. Según los datos de la Bibiloteca del Congreso, el alza implica un costo de 15 mil millones de pesos.

El cálculo ha sido el tema obligado en las dos últimas sesiones de la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, instancia donde parlamentarios de todas las corrientes políticas han expresado dudas frente a este gasto, tal como se lo representaron al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y al Director de Presupuesto, Sergio Granados; el senador Baldo Prokurica de Renovación Nacional y el diputado Daniel Farcas del PPD.

En ese mismo contexto, el diputado DC, Pablo Lorenzini, pidió claridad sobre la forma en que se pagarán los nuevos parlamentarios. En una proyección del gasto del Congreso para marzo de 2018, el presupuesto aumenta al 12% y no entre 1 y 2% como ocurría normalmente, apuntó el legislador.

Consultado por La Radio a este respecto, el actual presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza, reiteró que el aumento de parlamentarios no implicará un mayor gasto fiscal, pero adelantó que se requiere una redistribución de los recursos con los que operan ambas cámaras, razón por la cual en los próximos días se reunirá con el ministro Rodrigo Valdés, para que Hacienda realice las reasignaciones entre el Senado y la Cámara de Diputados.

La redistribución de ingresos entre ambas corporaciones es resistida por el Senado, que en la actualidad preside el demócratacristiano Andrés Zaldívar, y que opera un presupuesto de $40 mil millones para 38 senadores. La Cámara de Diputados, en tanto, ejecuta casi $65 mil millones, cuyos gastos cubren a 120 congresistas.

El otro frente de preocupación está radicado entre los asesores parlamentarios, quienes han manifestado inquietud por la amenaza de recortes que impliquen la salida de aquellos trabajadores que son personal de apoyo de los legisladores, pero cuyos contratos se realizan de manera directa con la Corporación respectiva.

Dimitri Morales, presidente de la Asociación de Funcionarios de los Parlamentarios (Afunpar), sostuvo que aunque mantienen conversaciones con las autoridades de la Cámara de Diputados, se mantienen alertas, pero reconoció que un camino para abordar el costo que tendrá el aumento de los parlamentarios, puede ser la eliminación del ítem de asesorías externas, que en la actualidad alcanza los $2 mil millones anuales, sólo en la Cámara de Diputados.

La reasignación de recursos entres ambas Cámaras ya tuvo una primera escaramuza cuando en la discusión del Presupuesto 2017, en noviembre del año pasado, los diputados rechazaron el ítem relacionado con las asesorías externas de los senadores, por un monto superior a los $1477 millones. El monto fue posteriomente fue repuesto en el propio Senado.

Sin embargo, fuentes consultadas por Radio Bío Bío advierten desde la Cámara que si el Senado no se allana a traspasar parte de sus recursos a la Cámara de Diputados, se podría entrampar la discusión del Presupuesto del año 2018.

Advierten que nada justifica que la Cámara Alta tenga, por ejemplo, $19 millones de pesos para gastos operacionales, mientras que la Cámara sólo cuente con $14 millones para el mismo concepto, además de los $2 millones por senador para la contratación de funcionarios en los Comités, que en el caso de los diputados llega sólo los $250 mil.

Además y asumiendo que el Ejecutivo no asignará mayores recursos para suplir el costo de los nuevos parlamentarios, anticipan que se pedirá a Hacienda que al menos desembolse el impuesto a la Renta que cada legislador debe pagar por concepto de su dieta parlamentaria, que bordea en la actualidad los 9 millones de pesos.