El vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, descartó hablar de que el penal de Punta Peuco se encuentre en condiciones favorables respecto de los otros recintos penitenciarios del país.
Lo anterior, enmarcado en las reiteradas solicitudes al Gobierno por parte de organizaciones ciudadanas y agrupaciones de derechos humanos de cerrar el penal y que los condenados por delitos de lesa humanidad cumplan pena en cárceles comunes.
Si bien el magistrado subrayó que “el Poder Judicial no tiene injerencia sobre la administración, el control y decisión de las cárceles mismas”, sí son encargados de realizar visitas periódicas para verificar las condiciones en las que se encuentran los reos.
“Todos sabemos los problemas carcelarios que hay en nuestro país, no es muy favorable que se diga que son buenos lugares o tienen los reclusos un estándar más o menos regular de cumplimiento de las penas”, manifestó.
En las cárceles chilenas, añadió, “estamos en una situación bastante difícil porque hay una sobrepoblación y, por lo tanto, no están en buenas condiciones”, recalcando que en este poder del Estado no existe mayor competencia para adoptar medidas que salgan del mero reporte.
Pero sí admitió que existen diferencias en lo que respecta a las cárceles concesionadas, “que son más modernas que aquellas que no son concesionadas y, por lo tanto, el rigor que tienen los penados es distinto en esas situaciones”.
De todos modos, reconoció que esta situación puede darse en Punta Peuco, así como también en “aquellas secciones especiales de cárceles en que van las personas por delitos financieros, o como ocurre con las personas que han cometido delitos con conducción de vehículo motorizado”, que son secciones dependientes de Gendarmería.
