En medio de las declaraciones de la nuera de la presidenta Michelle Bachelet –Natalia Compagnon– en el marco del caso Caval, hubo un hecho en particular que llamó la atención. Esto, es la supuesta protección policial permanente con la que cuenta el exministro Rodrigo Peñailillo.
Ante la duda, el diputado independiente Gaspar Rivas pidió al ministro del Interior, Jorge Burgos, que saliera a aclarar esta situación.
Tras la respuesta de Burgos, se pudo comprobar que “lo que hace meses fue un rumor, hoy día estoy en condiciones de decir que es una realidad”, indicó el parlamentario.
Según comentó Rivas, “en enero de este año envié un oficio al Ministerio del Interior para que me informaran si efectivamente el exministro Rodrigo Peñailillo tenía algún tipo de servicio de protección por parte de Carabineros de Chile. Burgos me manifiesta que efectivamente Peñailillo cuenta con protección las 24 horas del día por parte de Carabineros en su domicilio en Santiago”.
Situación que catalogó como impresentable, ya que “mientras millones de compatriotas le piden a las autoridades hacerse cargo de la seguridad en sus barrios, “el perla” tiene protección permanente de Carabineros en su domicilio y obviamente pagada con los impuestos de toda la gente que está pidiendo a gritos seguridad”.
“¿Hasta cuándo seguimos con los privilegios? Como si no fuera suficiente todo lo que sabemos respecto a facturas truchas, financiamiento ilegal de campañas y tráfico de influencias, más encima a Rodrigo Peñailillo hay que cuidarle la casa con plata de todos los chilenos”.
Y es que a juicio del parlamentario, es inaceptable que una persona que alguna vez fue ministro “siga contando con protección y que además esté distrayendo a un funcionario que debería estar en la calle desempeñando servicios de orden y seguridad para el resto de la población”.
Así también, exigió al director de Carabineros, Bruno Villalobos, poner fin a esta medida ”impresentable y escandalosa”.
Peñailillo dejó el cargo de ministro en mayo de 2015, mientras era involucrado en una investigación por financiamiento ilegal de campañas políticas, facturas falsas por trabajos no realizados y presiones para que el Servicio de Impuestos Internos desechara investigar a personas y empresas que participaron en dichas actividades irregulares.
