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Juez suspende segundo decreto anti-inmigración de Trump

Nicholas Kamm | Agence France-Presse
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El nuevo decreto del presidente estadounidense Donald Trump sobre inmigrantes y refugiados de seis países musulmanes fue suspendido por un juez federal de Hawái, horas antes de que entrara en vigor y a la espera de otros dos fallos judiciales en Maryland y Washington.

El magistrado Derrick Watson indicó que el bloqueo, valido ya en todo el país, evitaría “daños irreparables” y descartó que una apelación de emergencia pueda revertir su decisión.

El nuevo decreto -firmado por el presidente lejos de las cámaras de televisión hace ocho días- entraba en vigor al primer minuto del jueves. Cerraba las fronteras a los refugiados por 120 días y congelaba la entrega de visas a ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen por 90 días.

Irak, que había sido incluido en la lista del primer decreto, fue excluido de la versión revisada.

Trump ya afirmó que la nueva orden migratoria corrige aspectos poco claros de la primera versión y, por lo tanto confiaba, que sería prácticamente imposible que una corte lo suspendiera.

El juez Theodore Chuang, de un tribunal federal en Greenbelt, Maryland, debe anunciar este mismo miércoles su decisión sobre otro recurso pidiendo la suspensión del decreto, tras una sesión de 90 minutos de debates realizada más temprano.

De acuerdo con la mecánica judicial estadounidense, un juez federal puede suspender parcial o completamente la aplicación de un decreto, en una decisión que tiene alcance nacional.

Trump firmó un decreto similar el 27 de enero, apenas una semana después de su investidura, pero fue bloqueada por el juez James Robart, de Seattle, ante quien una vez los estados de Washington, California, Massachusetts, Oregon, Maryland y Nueva York sometieron el caso el lunes.

Debido a que inició los procedimientos para bloquear el primer decreto migratorio de Trump, el magistrado Robart ha sido objeto de la ira del presidente, quien en la red social Twitter se refirió a él como “dizque juez”.

La decisión de Robart fue luego ratificada por una corte de apelaciones.

El fiscal general de Nueva York, Eric T. Schneiderman, calificó el fallo de Watson como “una nueva victoria para la Constitución y el estado de derecho”.

La nueva orden ejecutiva “es una prohibición a musulmanes con otro nombre con el mismo objetivo ilegal e inconstitucional de discriminar basado en religión y país de origen”, añadió.

Ilógica palpable

La legión de abogados del Departamento de Justicia presentó argumentos para recorrer tribunales en defensa de la decisión presidencial de cerrar las fronteras del país a refugiados e inmigrantes de los seis estados afectados por el decreto.

A diferencia del primer decreto, que tenía vigencia inmediata y generó una monumental confusión en aeropuertos de todo el país, esta vez el gobierno retrasó algunos días la entrada en vigor para preparar a su equipo y tenerlo listo para las batallas legales que se avecinan.

El gobierno envió una carta al juez federal de Hawái, tierra natal del expresidente Barack Obama y un bastión de su partido demócrata, en la que presentó su defensa.

La decisión de restringir el acceso de ciertos extranjeros, argumentó, se apoya en “el ejercicio válido de la autoridad presidencial, conforme a la ley” y ha reiterado que el decreto no tiene motivación religiosa.

Pero Watson escribió en su fallo que la “ilógica” del argumento era “palpable”.

E indicó que no estaría errado “concluir que poner estos países en la mira es lo mismo que poner en la mira al Islam” pues su población musulmana sobrepasa el 90%.

El secretario de Estado, Rex Tillerson, dijo que la orden era “vital” para la seguridad nacional, ante la existencia de amenazas que no cesan.

Sin embargo, en todo el país se alzan numerosas voces que cuestionan esa urgencia y en cambio argumentan que la medida discrimina de forma clara a musulmanes, siendo que las leyes prohíben la segregación por cuestiones religiosas.

Desde los atentados en Nueva York y Washington en septiembre de 2001, todos los ataques graves perpetrados en Estados Unidos fueron obra de estadounidenses o de personas provenientes de países que no son los seis ahora incluidos en el decreto presidencial.

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