Tras un adverso resultado en enero de 2014, cuando la Corte Internacional de Justicia (CIJ) falló sobre la delimitación marítima entre Chile y Perú, surgieron voces críticas a esta vía de solución de conflictos y al Pacto de Bogotá, que desde que fue firmado en 1948 entregó competencia a dicho tribunal para resolver controversias entre los países suscritos.

El senador UDI Juan Antonio Coloma indicó que de los 35 países para los que fue pensado el tratado internacional, sólo quedan 14 signatarios, ya que muchos no lo firmaron, otros no lo ratificaron después y algunos incluso lo denunciaron (se retiraron).

“Es el minuto de decir cuál es el sentido. De 196 países en la ONU solo 63 se someten a la jurisdicción de La Haya, el resto de los países llega a acuerdo directo o busca un árbitro especial”, sentenció el legislador.

El excanciller Hernán Errázuriz, en una opinión muy frecuente, agregó preocupación respecto al modo en que la CIJ resuelve los casos, dando “una solución que nadie pidió”, como en el caso Chile-Perú. Acusó al tribunal de fallar de manera política -y no conforme a derecho- buscando soluciones creativas y salomónicas. “Esta corte merece cierta desconfianza (…) Soy un convencido de que Chile debe retirarse del Pacto de La Haya”, advirtió.

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“Desde 1881 Chile ha perdido más de un millón de kilómetros cuadrados. Cuando cedemos jurisdicción a Tribunales Internacionales Chile siempre pierde”, agregó Iván Moreira. Opinión recogida por la reciente campaña presidencial de José Antonio Kast, quien afirmó que le diría adiós al Pacto de Bogotá de ser electo, “qué sentido tiene, nosotros no pedimos nunca nada a nuestros vecinos y ellos vienen todos los años y nos quieren quitar una parte de nuestra patria. Es una vergüenza”.

A pesar de que la izquierda chilena ha sido más cauta en su declaraciones al respecto, el propio Heraldo Muñoz, luego de que la CIJ desechara declararse incompetente sobre la demanda marítima boliviana, no descartó salir del pacto a futuro.

Del mismo modo, dos meses después de renunciar al equipo de defensa chileno en La Haya, el asesor socialista Gabriel Gaspar dijo recientemente a la prensa que nuestro país debía retirarse, ya que la convención no está cumpliendo su objetivo básico que es respetar los tratados, alterando la base por la cual se adhirió a él inicialmente.

Fallo Chile-Perú en La Haya
Fallo Chile-Perú en La Haya | BBCL

Expertos y académicos aconsejan mesura y son pocos quienes de manera acérrima aconsejan seguir en el pacto. Por ejemplo, Ximena Fuentes, quien es agente de la demanda chilena contra Bolivia por el río Silala, recalcó que sin el tratado firmado en Bogotá “no podríamos haber demandado a Bolivia”, pero destacó que incluso este uso “no perpetua como justificación de mantenerse por siempre”.

Paulina Astroza, abogada especializada en relaciones y derecho internacional, defiende la idea de evaluar su pertinencia, “pensar en posibles modificaciones y avanzar en un mecanismo más adecuado al actual contexto regional”, añadiendo que el impacto sobre las relaciones exteriores no sería tan oscuro como otros vaticinan ya que “Chile sigue inserto en una comunidad que respeta y cuenta con otros mecanismos para cumplir con la prohibición de la fuerza”.

Al ser parte de la ONU, el país continúa obligado a solucionar de manera pacífica sus controversias, pero la CIJ es sólo una de las herramientas para este fin. El derecho internacional entrega otros mecanismo políticos, diplomáticos e incluso jurisdiccionales, como negociaciones directas y arbitrajes.

Además son muchos los tratados específicos firmados por Chile que establecen mecanismos puntuales de resolución. Por ejemplo, indica Astroza, “con la Argentina, en el Tratado de Paz y Amistad, se cuenta con un procedimiento especial”.

Analistas que se mantienen a favor de la permanencia en el Pacto de Bogotá cuestionan un espíritu exitista, que condicionaría los principios de la política externa del país a sus efectos.

Constanza Fernández Danceanu, directora de la carrera de Ciencias Políticas de la USS, abogada y especialista en derecho internacional, apuntó a que “¿se estaría analizando la salida del pacto si no se hubiera perdido con Perú?”, ¿se continuaría con la idea si se vence en el litigio con Bolivia?. Afirma que una decisión de este tipo no puede responder al oportunismo.

Además, Fernández recordó que este tratado no se suscribió sólo para ser demandando sino también, eventualmente, para ser demandante. Agregó que se proyectaría una mala imagen y que es precisamente el prestigio internacional basado en la seriedad nacional, lo que tiene a Chile como miembro y candidato de los más altos organismos internacionales.

Sea cual sea el camino que adopte el Gobierno, cabe recordar que si se denuncia el pacto, existe un plazo de un año para que se valide la renuncia, siendo Chile mientras tanto susceptible de recibir todas las demandas que eventualmente se presenten en su contra, expuesto a fallos desfavorables que de no cumplir le significarían el repudio internacional.