La organización internacional Human Rights Watch (HRW) denunció que al menos 21 personas han sido detenidas entre mayo y junio en Venezuela debido a su disidencia política, según consigna un informe presentado este miércoles en Buenos Aires.

De acuerdo al estudio, los detenidos “fueron acusadas de planificar, instigar o participar de protestas contra el gobierno” del presidente Nicolás Maduro. Además denunciaron haber sido torturadas y sufrir entre otros abusos durante su detención, descargas eléctricas y golpes, indicó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

Esta ONG, con sede en Nueva York, ha estado realizando investigaciones de estos casos “dada la gravedad de las violaciones a los derechos humanos que se cometen en Venezuela, la sistematicidad con que los agentes del Estado incurren en violaciones brutales”, dijo Vivanco en una conferencia de prensa.

HRW expresó su confianza en que la Organización de Estados Americanos (OEA) avance para pedir al gobierno de Maduro la libertad de los presos políticos y el apego a la Constitución, que establece la posibilidad de un referendo revocatorio del presidente.

La oposición venezolana busca que la consulta se haga antes del 10 de enero de 2017, pues si Maduro pierde en ese momento habrá elecciones. Pero si ocurre después de esa fecha, y es revocado, los dos años de mandato que le faltarían los completará su vicepresidente.

Vivanco, que fue expulsado en 2008 de Venezuela después de publicar un informe crítico del poder judicial, hizo énfasis en que existe un “grado enorme de concentración de poder” que da lugar a la ausencia de “un poder judicial independiente que sea capaz de frenar, de intervenir, o de sancionar los abusos. La regla en Venezuela es la impunidad total”, subrayó.

90 presos políticos

La HRW estima que hay unos 90 presos políticos en Venezuela, cifra que también incluye al opositor radical Leopoldo López.

El informe presentado este miércoles detalla 21 casos, entre estos el del estudiante José Gregorio Hernández Carrasco, de 20 años, detenido dos días después de participar de una marcha opositora el 18 de mayo pasado.

En su testimonio a HRW contó que fue “golpeado y torturado, hasta que aceptó firmar una confesión luego de que los agresores amenazaran con violarlo sexualmente”.

“Las torturas incluyeron aplicarle descargas eléctricas, cubrirle la cabeza con una bolsa plástica para provocarle asfixia, y colocarle un palo en el recto y amenazar con violarlo”, señala el informe indicando que el joven sigue detenido y ha sido procesado penalmente.

Como en la mayoría de los casos “el Ministerio Público no aportó pruebas creíbles en su contra”, apuntó Vivanco.

“Mientras el gobierno actual cuente con un poder judicial abyecto, subordinado al Ejecutivo, evidentemente que la impunidad será la norma y la arbitrariedad también”, enfatizó.