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Suprema ordena revisar reclamo de vecinos contra construcción de Mall Barón

CHRISTOPHE SIMON | AFP
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El máximo tribunal del país determinó que la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por ministros habilitados, proceda a conocer y emita pronunciamiento sobre el fondo del reclamo de ilegalidad presentado por un grupo de vecinos, en contra de la Dirección de Obras Municipales (DOM) por otorgar permiso de edificación del proyecto Mall Plaza Barón de Valparaíso.

En fallo unánime, la Tercera Sala del máximo tribunal del país –integrada por los ministros Pedro Pierry, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Manuel Antonio Valderrama y el abogado (i) Jean Pierre Matus– acogió el recurso de casación presentado en contra de la sentencia que rechazó el reclamo de ilegalidad por falta de legitimación de los recurrentes.

La resolución de la Corte Suprema establece que las decisiones adoptadas por la DOM son recurribles tanto ante el seremi de la Vivienda y Urbanismo y como ante el alcalde respectivo.

Jorge Bustos, Consejero de la Sociedad Civil de Valparaíso y uno de los principales detractores del proyecto, explicó que con este fallo, la corte obliga al tribunal de Valparaíso a pronunciarse sobre el fondo del reclamo y no por la forma, por lo que deberá tomar una decisión basado en el listado de reclamos presentado por los vecinos.

Bustos volvió a reiterar que el contrato entre la Empresa Portuaria y el Mall Plaza es un documento que quiere defraudar al fisco en cerca de 400 millones de dolares, que el permiso número 79 otorgado en el año 2013 es ilegal, agregando que el lugar donde se quiere emplazar el proyecto es una zona protegida e inundable, revistiendo un peligro para las personas, entre otras observaciones, detalló el dirigente.

Finalmente la resolución de la Corte Suprema indica que el reclamo presentado por el grupo de vecinos es un acto legítimo y que constituye un derecho de las personas de pronunciarse respecto de las normas urbanísticas, por cuanto, en definitiva lo que se requiere es que el acto le afecte de alguna forma, para efectos de determinar la existencia de un interés legítimo del reclamo.

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