Diversas reacciones provocó la nueva política de seguridad pública que será implementada por la Subsecretaría del Interior en torno a los menores de edad que sean condenados por dañar bienes públicos en las distintas manifestaciones ciudadanas.
La subsecretaría invocaría el artículo 2320 del Código Civil que señala que toda persona es responsable de sus propias acciones y de los que estuvieron a su cuidado. Apoyados en este artículo, el Gobierno demandará a los padres de menores que destruyan bienes públicos en movilizaciones.
El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, indicó que la decisión fue consultada con anterioridad al Consejo de Defensa del Estado. Afirmó que el Consejo dio la autorización para que la subsecretaría realice demandas civiles contra los padres.
Desde la Cámara Baja también hubo palabras para esta decisión. La diputada comunista Camila Vallejo señaló que esta medida no ataca el problema de fondo y agrega que los padres no tienen los recursos necesarios para pagar este tipo de multas.
El presidente de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, José Corona, indicó que una medida como esta lo único que hace es criminalizar a los movimientos sociales y dejar la detención al criterio de las fuerzas especiales.
La decisión tomada por la Subsecretaría se confirmó luego de revisar los costos en que incurren las municipalidades y organizaciones estatales luego de que los jóvenes menores de edad y sin responsabilidad penal realizan destrozos a bienes públicos mientras participan de marchas o movilizaciones.
A pesar de esto el presidente de la Cones llamó a los estudiantes a movilizarse el próximo 21 de abril por las demandas que aún están pendientes en los proyectos de educación.
