Mauricio Valero, formalizado en el caso Caval, deberá declarar en la causa de derechos humanos donde fue procesado Sergio Bustos, quien destapó el escándalo por la venta de terrenos en Machalí.
La diligencia fue decretada por el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Chillán, Claudio Arias, quien investiga el homicidio de Rolando Angulo, miembro del MIR, luego de una solicitud del abogado Gustavo Baeriswyl, quien representa a Sergio Bustos.
En marzo del año pasado, Carabineros interceptó una conversación telefónica entre Mauricio Valero y otra persona de nombre Ricardo, donde se escucha al primero proponer contactarse con la agrupación de derechos humanos para involucrar a Bustos en la investigación de Chillán y hacerlo aparecer como torturador.
Este antecedente, recopilado por el fiscal del caso Caval, Julio Toledo, fue el utilizado por Baeriswyl para solicitar la declaración del socio de Natalia Compagnon, según lo confirmó el propio Sergio Bustos, al asegurar que está procesado con pruebas falsas.
Fernando Angulo, hermano del ex mirista asesinado en 1974 y miembro de la agrupación de familiares de ejecutados políticos, descartó categóricamente que se hayan reunido con gente vinculada a Caval para involucrar a Bustos en la violación de derechos humanos.
Bustos fue procesado como ex integrante del grupo Patria y Libertad, rol desde el cual habría participado junto a personal de la Dina en el asesinato de Rolando Angulo.
Eso, aseguró la abogada Patricia Parra, de la agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, está probado en el sumario a través de declaraciones de ex compañeros de Bustos en Patria y Libertad, y también por antecedentes obtenidos desde la desaparecida Colonia Dignidad, descartando igualmente el montaje denunciado.
Al insistir en la falsedad de todas esas pruebas, Sergio Bustos aseguró que es un grupo de abogados y Valero los que se coludieron en su contra y que el objetivo de una serie de diligencias solicitadas al ministro Arias, entre las que está la declaración del socio de Caval, es demostrar su inocencia.
Fernando Angulo cuestionó que el ministro Arias decidiera investigar algo como una interceptación telefónica enmarcada en una investigación del Ministerio Público, recordado que las causas del derechos humanos se tramitan bajo el antiguo sistema de justicia penal.
