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Acuerdo por caso Tsunami enfurece a querellantes: “Se negoció la impunidad”

ARCHIVO | Francisco Castillo | Agencia UNO
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Un rechazo general entre los querellantes gatilló el acuerdo entre la Fiscalía Occidente y los seis imputados por el caso Tsunami, el que permitirá a los acusados evadir el juicio oral por la falla en la alerta que terminó con 104 personas muertas el 27 de febrero de 2010.

Entre las condiciones que se fijan para esta suspensión se encuentra pedir perdón -aunque ha trascendido que los imputados leerán un texto en el cual no pedirían perdón completamente-, además de tener un comportamiento intachable durante un año y entregar compensaciones económicas.

El ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, pagará la suma más alta, correspondiente a $80 millones para este acuerdo. En tanto la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, deberá desembolsar un monto de $40 millones. En el caso del ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi, Johaziel Jamett, pagará $2 millones.

Los ex marinos imputados, el ex director del SHOA Mariano Rojas, el ex jefe de operaciones Andrés Enríquez y el ex oficial Mario Andina, deberán cancelar $40 millones cada uno como indemnización para las víctimas.

El acuerdo fue comunicado por el fiscal José Luis Pérez Calaf a los querellantes en la tarde de este lunes, quienes le manifestaron que se opondrán a esta medida.

Sobre este acuerdo, el abogado Raúl Meza apuntó directamente al persecutor que asumió en este cargo en enero, sucediendo a Solange Huerta.

“Déjenme realizar un reconocimiento a la fiscal Huerta [...], porque ella nunca se planteó una salida de tan menor entidad y tan vergonzosa para el daño de las víctimas como es una suspensión condicional”, afirmó, calificando como un “pésimo precedente” el establecimiento de este acuerdo.

En tanto el también querellante Carlos Ferli calificó como “exigua” la reparación económica contemplada en el acuerdo y adelantó que pedirán vía Transparencia Activa los detalles de los montos que se requirieron para estos seis años de investigación.

“No puede ser en Chile que haya una causa que se invirtieron millones de dólares y hoy termine con una suspensión condicional de procedimiento que no beneficia a ninguna de las víctimas“, aseguró Ferli.

También estuvo en la reunión el abogado Alfredo Morgado, quien confirmó que parte de los montos que deberán pagar los seis imputados se destinarán a la organización de un seminario donde se analizarían las fallas institucionales del 27F: “Nos vamos a oponer todos en la audiencia como abogados querellantes, y también requerimos que se notificara a todas y cada una de las víctimas para que tuvieran la oportunidad de ser escuchadas ante el tribunal”.

El acuerdo será presentado el próximo lunes por parte del fiscal Pérez Calaf ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Fiscal: “Una sentencia no siempre soluciona un conflicto”

Tras la reunión, el fiscal occidente José Luis Pérez Calaf confirmó los alcances del acuerdo y lo calificó como una medida apropiada ante un caso complejo con una investigación de larga data.

“Si bien fue una investigación larga, acuciosa, creemos que no siempre una sentencia es la solución a un conflicto. Una sentencia no necesariamente va a determinar reparar a una víctima que sufrió la pérdida de un pariente, la muerte de una persona”, sostuvo el persecutor.

Por ello Pérez Calaf expresó que a la hora de sentarse a dialogar con los imputados, advirtió que debía primar el interés de las víctimas, agregando que solo una familia presentó una demanda y, en el caso de un juicio oral, el resto de las víctimas no habría tenido derecho a recibir la reparación que hoy se ha oficializado.

“Quizás no es la que uno esperaría una víctima que ha sufrido la pérdida de un hijo, o de otro pariente, reciba de parte de un imputado. Pero es algo más que hoy mismo tienen derecho a recibir. Es más que lo que tendrían derecho incluso, una vez finalizado un juicio”, añadió.

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