Este miércoles a las 20:15 (hora de Chile), el ministro de Relaciones Exteriores Heraldo Muñoz firmará el polémico Acuerdo Transpacífico -TPP- en Nueva Zelanda, junto a otros 11 países.

El TPP, que cuenta tanto con adeptos como con detractores en todo el mundo- es una ampliación del P4, un bloque conformado por Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur en 2005. Posteriormente, en 2008 se integró Australia, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Perú y Vietnam.

Las principales críticas que ha tenido este tratado es el secretismo con que se ha llevado adelante la negociación, que comenzó en la administración de Sebastián Piñera.

A ello se suma el perjuicio que podría tener en el precio de los medicamentos, porque el acuerdo busca expandir el plazo de protección a las patentes de medicamentos. Esto, según sus detractores, significa mayores trabas para la fabricación de genéricos y, en consecuencia, medicinas cada vez más caras.

Lo mismo en el ámbito de las semillas, en el que este acuerdo genera prácticamente una “privatización” de éstas.

Antes del viaje a Nueva Zelanda, el canciller Heraldo Muñoz, habló de beneficios y respondió a las críticas: “Fuimos muy firmes en proteger sectores vulnerables en materia de propiedad intelectual y, muy particularmente, de los medicamentos biológicos. Presentaremos todos los detalles con total transparencia, como lo hemos venido haciendo, porque creamos un denominado Cuarto Adjunto, que es un mecanismo que durante todo el proceso permitió a empresarios, representantes de la sociedad civil, estar enterados en detalle de cada ronda de negociaciones. Esperamos que se entienda la posición de Chile, pero respetamos las posturas que no comparten la visión del Gobierno”

El director general de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, Direcon, Andrés Rebolledo, defendió el acuerdo. Sin embargo,
uno de los voceros del movimiento ciudadano “Chile mejor sin TPP”, Carlos Figueroa, cuestionó el nivel de reserva que han mantenido las autoridades en la negociación.

“La verdad es que para nosotros es inconcebible que en el siglo XXI, un proceso de esta envergadura que va a afectar salud, la soberanía o incluso los derechos digitales de los chilenos, sea con un proceso completamente antidemocrático“, afirmó Figueroa.

Los congresos de los países que suscriben el acuerdo tienen un plazo de dos años para reafirmar o rechazar el tratado.