El primer conflicto en Concepción por la implementación del Acuerdo de Unión Civil llegó a la justicia. El problema surgió cuando se negó a un conviviente el reconocimiento de carga familiar, medida respaldada por la Superintendencia de Seguridad Social.
Es a través de un recurso de protección que la pareja conformada por Daniel Durán y Lizardo Gutiérrez buscan remediar lo que sería una falencia de la ley de Acuerdo de Unión Civil.
Durán, docente de la Universidad de Concepción, solicitó a la Caja de Compensación Los Andes acreditar a su conviviente civil como carga familiar, lo que fue rechazado con la venia de la Superintendencia de Seguridad Social.
La determinación, según explicó la Superintendencia a la Corte penquista a través de un informe enviado al tribunal de alzada, se basa en que la calidad de carga familiar es sólo para cónyuges y no convivientes civiles, como son reconocidas las partes de una unión civil.
Problemas como este se están conociendo a través de todo el país dijo Rolando Jiménez, representante del Movilh, y de allí las conversaciones con el gobierno para solucionarlos.
La vía sería mediante una ley corta o administrativamente, indicó Jiménez, aunque también está la posibilidad que las parejas recurran a la justicia como lo hizo Daniel Durán, cuya acción legal podría ser revisada la próxima semana por la Corte de Apelaciones penquista.
