La Brigada de Delitos Económicos de Copiapó está investigando más de 68 casos de supuestos falsos damnificados, que se beneficiaron con el bono Ensere -de .200.000 por familia- que entregó el Gobierno, luego de la serie de aluviones que afectaron a la zona en marzo del año pasado.
La denuncia ha sido presentada por la Intendencia de Atacama, que detectó diversas inconsistencias en las versiones entregadas por algunos “damnificados”, como domicilios inventados, familias que se dividían para recibir más de un bono o que aseguraban vivir de allegados, de acuerdo a una nota publicada por LUN.
En el caso de los domicilios ficticios, las personas aseguraban residir en lugares que fueron afectados por los aluviones, pero en muchos casos no vivían en una comuna perjudicada por la catástrofe o, simplemente, sus hogares no fueron dañados, manteniendo una vida normal, pese a lo que ocurría en el resto de su ciudad.
La segunda mentira eran las familias que se dividían para recibir más de un bono. El beneficio era único para cada hogar, pero debido a que el proceso debía ser rápido, los encuestadores entrevistaban a un hombre y luego a su señora, por lo que ambos recibían la ayuda por separado.
La tercera mentira se refiere a los falsos allegados, en determinadas casas donde vivía una familia, luego aparecían también como residentes primos, abuelos, tíos y todo tipo de parientes, que aseguraban estar en la vivienda porque no tenían los recursos ni los medios para sustentar su propio hogar.
¿Por qué pudieron mentir?
El intendente de Atacama, Miguel Vargas, explicó que debido al nivel de la emergencia, los bonos y recursos involucrados debían ser entregados de forma rápida. Debido a esta situación, los encuestadores no tenían el tiempo suficiente para comprobar los datos entregados o realizar un cruce de información.
Las encuestas -en muchos casos- se desarrollaron en albergues, por lo que muchos damnificados no tenían su cédula u otro tipo de documentos, por lo que los bonos se fueron entregando de acuerdo a los testimonios recogidos. El intendente Vargas justifica este suceso porque el beneficio debía ser entregado lo antes posible, debido a que muchas personas de verdad lo perdieron todo.
Los aluviones en la región de Atacama dejaron más de 35 mil personas damnificadas, para lo cual el Gobierno entregó un bono a 10.500 familias de .200.000.
