La instalación de una farmacia popular en la comuna de Recoleta sin duda dio mucho que hablar en 2015. Mientras numerosos alcaldes a lo largo del país anunciaron que se sumarán a la iniciativa, las criticas no han estado exentas en este proceso.
Y es que la medida que lideró Daniel Jadue fue inédita en el país debido a que permite a las entidades edilicias ofrecer medicamentos, y con ello tratamientos médicos, a precios justos para la población.
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Justamente esta temática fue la discutida durante la jornada de este lunes en la primera sesión de la comisión investigadora de la Cámara Baja. En la cita se abordó el rol de las entidades públicas en la compra de remedios y su acceso.
Como son numerosos los municipios que han manifestado la inquietud de replicar la iniciativa, autoridades de salud aclararon algunos puntos que serán vital para la instalación definitiva de una farmacia popular.
Según consiga El Mercurio, Pablo Venegas, director de la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast) indicó que entre los requisitos solicitados a las municipalidades se apunta a que ninguna entidad edilicia tenga alguna deuda con dicho organismo, o en caso de existir, saldarla en el corto plazo.
Ante ello apuntó que “muchos municipios que gestionan atención primaria de salud compran sus medicamentos a través de Cenabast y han ido generando deudas, a veces importantes. Lo que nosotros les decimos es que no podemos dejar que mantengan esa deuda y que abran farmacias comunales, porque no corresponde“.
La idea es que quienes soliciten permiso para abrir una farmacia popular, cancele un avance importante que le permita disminuir la deuda, o bien, saldarla completamente.
“Sería muy difícil competir en pagar una deuda y además allegar fondos para la compra de medicamentos adicionales, por eso Cenabast está dando todas las facilidades para que se paguen las deudas antes de iniciar el proceso de contar con una farmacia”, sentenció la ministra de Salud, Carmen Castillo.
