El Gobierno ingresó ayer la “ley corta” de gratuidad, luego que el Tribunal Constitucional diera a conocer el fallo en donde declara la glosa original como “discriminatoria”.
A grandes rasgos, la ley corta de la gratuidad sólo se diferencia de la glosa presupuestaria en que se elimina el criterio de participación y porque las universidades privadas que conforman el Consejo de Rectores, denominadas G-9, son encasilladas junto a las demás privadas creadas después de 1981.
En diálogo con Expreso Bío Bío, el vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores, Aldo Valle, comentó que la nueva iniciativa del Ejecutivo “se hace cargo de la implementación de la gratuidad en el 2016. No es solo para universidades estatales, incluye a todas las universidades del Cruch y, también, establece unas condiciones de exigencia para universidades que no pertenecen al Consejo”.
“-La gratuidad- queda ahora restringida a universidades y solo mediante ampliación o incremento de becas para el sector técnico profesional. Ese es el cambio más sustantivo de esta ley breve”, añadió.
Valle comentó que “es urgente incrementar la gratuidad, esto no quiere decir que deba ser hecha de manera atolondrada y desprolija, pero quiere decir que debe ser una prioridad evitar a partir del 2016 que a un joven y a su familia le signifique endeudarse por 3, 4 o 5 millones por año para poder cursar educación superior”.
“En el caso de la formación técnica, es de un menor costo, pero también, muy lejos de las posibilidades reales que tienen la mayoría de las familias en Chile. Hemos dicho que es urgente, que es impostergable pero, a su vez, el sistema político, a nuestro juicio, no tenía la madurez ni la convergencia suficiente para entender que se trataba de una política pública que le hace bien al país”, enfatizó.
Escucha la entrevista completa realizada por Patricio Cuevas y Scarleth Cárdenas en Expreso Bío Bío:
