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Ex subdirector jurídico acusa presiones políticas en demanda por despido del SII

Agencia UNO
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Cristian Vargas, desvinculado del Servicio de Impuestos Internos, demandó a la institución acusando que “el término de su contrato se debió a presiones políticas” al enfrentar las investigaciones relacionadas con el financiamiento ilegal de la política, específicamente en el caso SQM.

Vargas, quien llevaba 20 años en el organismo, interpuso una demanda en el Primer Juzgado de Letras del Trabajo por despido injustificado.

Según consigna este viernes El Mercurio, en su demanda, Vargas se refiere por primera vez a las circunstancias en que ocurrió su despido:

“(Las investigaciones) relacionados con grandes empresas vinculadas al financiamiento de la actividad política (Penta y Soquimich) en los que aparecían involucrados personeros tanto del Gobierno como de la oposición, el carácter técnico y autónomo del SII (…) empezó a verse afectado por presiones que apuntaban a que no se ejerciera la acción penal o se limitaran estas acciones (…)”

Acusa que su despido se debió a su decisión de no aceptar dichas presiones, “representando al interior de la dirección del SII la inconveniencia para la institución de acceder a requerimientos que respondían a objetivos extraños a los propios del servicio y, luego, la denuncia pública que efectué para frenar los intentos ilegítimos de la limitación de las investigaciones en curso”.

El abogado se refiere a la declaración que realizó como testigo en el caso SQM, donde dio cuenta de gestiones de los ministerios del Interior y Hacienda para dilatar las investigaciones en dicha causa.

Lo anterior, continúa Vargas, habría provocado que “personeros políticos de distinto signo se opusieran a mi gestión y se me pidiera mi renuncia”.

Cristian Vargas fue sacado de la subdirección jurídica del SII en mayo pasado, tras públicas diferencias con el exdirector Michell Jorrat, luego de lo cual pasó a la Subdirección Normativa, donde permaneció hasta el 24 de septiembre, donde fue nuevamente despedido.

El ex subdirector jurídico solicita una indemnización de $76,6 millones además de las costas del juicio.

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