Sin debate y con 20 votos a favor, la Sala aprobó la idea de legislar del proyecto relativo al delito de colusión, donde los integrantes de la Comisión de Economía deberán estudiar las indicaciones que se presentarán hasta el 14 de diciembre.
La propuesta en primer trámite forma parte de la agenda contra la colusión, que desarrolla la citada instancia parlamentaria. Ésta corresponde a una moción de los senadores Manuel José Ossandón y Eugenio Tuma, quienes buscan sancionar este ilícito, incorporando penas privativas de libertad y aumentando las multas.
En el texto se establecen penas privativas de libertad para los involucrados en el ilícito de la colusión, con cumplimiento efectivo de la condena.
De esta forma, a los directores, administradores y a toda persona que haya intervenido en la realización del acto respectivo, en cualquier grado de participación, se les aplicarán las penas de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo (3 años y un día a 10 años).
Además, se establece una agravante especial cuando los efectos de la colusión recaen sobre un determinado tipo de bienes de primera necesidad o servicios básicos, aumentando la pena en un grado cuando este ilícito afecte a alimentos, prestaciones de salud, medicamentos, servicios educacionales y unidades habitacionales.
También, modifica la multa establecida para la colusión -cuyo máximo actual es de 30.000 UTA ($1.611.936.000)- fijándola en el doble del beneficio económico obtenido como resultado del delito.
Asimismo, se establece una eximente de responsabilidad penal especial, referida a la persona partícipe de una colusión que proporcione a la Fiscalía Nacional Económica antecedentes que conduzcan a la acreditación de la conducta colusiva y a la determinación de los responsables (delación compensada).
Finalmente, modifica las normas sobre competencia en el Código Orgánico de Tribunales, en relación con las penas privativas de libertad que se establecen.
