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Defensa de Novoa pide que ex altos cargos del SII aclaren acciones por caso Penta

Francisco Castillo | Agencia UNO
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La Fiscalía deberá resolver la solicitud interpuesta por el abogado de Jovino Novoa, donde pide aclarar las acciones legales en donde el Servicio de Impuestos Internos ha involucrado al ex timonel de la Unión Demócrata Independiente.

El requerimiento fue presentado el 22 de septiembre al fiscal nacional Sabas Chahuán por el abogado Matías Balmaceda, aludiendo a la denuncia que el SII interpuso el 8 de octubre de 2014 contra los representantes legales de Empresas Penta, Carlos Lavín y Carlos Délano, por delito tributario.

En dicha acción figuraban dos facturas emitidas por la empresa Inversiones y Mandatos S.A. de Jovino Novoa.

En el escrito, Balmaceda, que solicita la declaración del ex subdirector jurídico Cristián Vargas, solicita que éste aclare si al momento de presentar la denuncia “tenía en mente a don Jovino Novoa”, junto con explicar si contaba con antecedentes a su respecto y las razones por las que el dirigente gremialista “no fue incluido nominativamente en la denuncia”, según consigna El Mercurio.

También el abogado solicita que declare el ex director Michel Jorratt en lo que se refiere a la querella que se presentó el 11 de marzo de este año por la facilitación dolosa de facturas y boletas de honorarios ideológicamente falsas a empresas del Grupo Penta, además de cuestionar declaraciones de impuestos de su empresa Inversiones y Mandatos.

En su declaración ante la Fiscalía por el caso SQM, Jorratt señaló que no era necesario publicar en el Diario Oficial la resolución revocatoria de la delegación de facultades que le remitió Cristián Vargas antes de firmar tanto la querella respecto a Novoa como otra dirigida a Giorgio Martelli y Clara Bensan.

Esto es uno de los puntos con los cuales el abogado de Jovino Novoa intentó impedir su formalización y, además, busca anular la querella, ya que al momento de su firma Jorratt no habría contado con la potestad de iniciar acciones debido a que una nueva resolución revocatoria que se preparó sin considerar la de Vargas contenía errores, lo que gatilló en su momento el envío de una resolución aclaratoria.

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