En la Corte de Apelaciones de Concepción se realizaron los alegatos por la demanda de más de mil familias, cuyas viviendas se inundaron el año 2006 en el sector Collao. Piden 270 mil millones de pesos en indemnizaciones.

Se trata de la mayor demanda en monto que enfrenta el Consejo de Defensa del Estado. En esta acción legal los vecinos del sector Collao denuncian la falta de servicio del Estado tras no haber mantenido el estero Nonguén y el río Andalién, lo cual derivó en que los cauces se desbordaran durante el invierno de 2006 luego de las intensas precipitaciones, anegando sus viviendas y perdiéndolo todo.

Si bien en primera instancia el Primer Juzgado Civil rechazó la demanda pese a que había una falta de servicio y estaban acreditados los daños sufridos por las víctimas, sin embargo no existían las pruebas que dieran cuenta que esa falta de servicio es lo que llevó a que se inundaran las viviendas del sector Collao.

Justamente este fue el argumento entregado Adolfo Ortega, abogado de los afectados, ante los ministros de la Segunda Sala que revisan esta demanda, señalando que se va a probar lo que se llama la causalidad entre lo que es la falta de servicios y los daños generados.

Fueron casi 200 vecinos de Collao los que llegaron a la sala del pleno para escuchar los alegatos, ya que durante varios años esperaban la audiencia. Entre ello estaba Yolanda Contreras, quien dio cuenta de los daños sufridos primero por el hecho de perder su casa, sus enseres, además del problema psicológico que este hecho provocó en su vida.

Los daños están estimados en 35 millones de pesos para cada uno de los 7 mil demandantes, lo que se traduce en un total de 270 mil millones de pesos donde las víctimas esperan sean acogidas las argumentaciones y donde señalan tener confianza en los ministros. Así lo indicó Patricio Toledo, uno de los vecinos presentes en los alegatos.

En representación del Consejo de Defensa del Estado, alegó ante los ministros de la Segunda Sala el abogado Fernando Abato, quien descartó categóricamente la responsabilidad del Estado en esta emergencia.

En estudio quedó el fallo que deberá dirimir si se acoge o no esta demanda, decisión que se podría conocer la próxima semana.