La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) inició un proceso sancionatorio contra la empresa incineradora de residuos hospitalarios e industriales ubicada en el límite de las comunas de Loncoche y Gorbea, por elusión ambiental de proyecto.

La entidad decidió formular cargos contra la empresa Ingemedical luego de constatar que no había sometido a la debida evaluación ambiental su Planta de Tratamiento de Residuos Patogénicos e Industriales.

Según la Superintendencia, la medida se inició luego de la denuncia presentada por el alcalde de la comuna de Gorbea, Juan Esteban Meza, en mayo de 2015.

En su momento Meza indicó que la planta de tratamiento de residuos médicos se encontraba construida y en condiciones de dar inicio a su ejecución, pese a no contar con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), siendo que se encontraba aledaña a zonas indígenas que no fueron informadas de su operación y colindante a huertos de productos de exportación.

Analizados los antecedentes, la SMA constató que efectivamente la empresa ingresó una carta de pertinencia al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de la Araucanía en julio de 2012, explicando bajo juramento que la operación no reunía los requisitos necesarios para evaluarse ambientalmente, debido a que no edificarían más de 350 metros cuadrados, se ubicaría en una zona “casi inexistente de población o casas” y que el incinerador de residuos médicos operaría con una carga autorizada de 220 kilogramos diarios.

Luego de una fiscalización realizada el día 1 de junio de 2015, se constató, entre otras cosas, que el incinerador de residuos médicos posee una capacidad de incineración máxima instalada de 1.200 kilogramos diarios, superando cinco veces la capacidad de carga autorizada.

Según la Superintendencia los cargos fueron formulados porque la empresa no cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental que lo autorice a efectuar dichas labores. Esta infracción a la normativa ambiental fue calificada como grave. Adicionalmente solicitará renovar la medida de detención de funcionamiento de la planta, la cual fue autorizada por el Tercer Tribunal Ambiental el pasado 3 de septiembre.