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Presentan proyecto de ley que busca aumentar sanciones para quienes rayen edificios patrimoniales

Pablo Ovalle | Agencia Uno
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La diputada del PRSD por Antofagasta, Marcela Hernando, presentó un proyecto de ley que castiga a quienes realicen rayados en propiedad pública y privada.

La moción parlamentaria fue presentada debido a la preocupación por el visible estado de deterioro que presentan diversos edificios patrimoniales a lo largo del país. A modo de ejemplo, sólo en la comuna de Santiago se gastan aproximadamente de $90 mil millones anuales en reparar el daño provocado por rayados no autorizados.

De esta forma el proyecto de ley presentado por Hernando, instituye el delito de rayado en propiedad pública y privada, estableciendo pena de presidio en su grado medio y una multa de 15 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).

De acuerdo a lo indicado por la parlamentaria idea de esta moción es favorecer el trabajo que hacen los municipios, en el sentido de fiscalizar los rayados, pero no todos ellos, puesto que se pretende que sigan existiendo aquellas iniciativas como los murales, muchos de los cuales que incluso son financiados por algunos municipios o gobiernos locales o gobiernos regionales.

El texto legal presentado por la diputada menciona un estudio de la Fundación Calle Dieciocho, realizado durante el año 2012, que tuvo su enfoque en empresas y edificios patrimoniales, revelando que sólo en la comuna de Santiago se gastaron 94 mil 941 millones de pesos en reparar las intervenciones no autorizadas.

Asimismo Marcela Hernando enfatizó en el daño que los rayados indiscriminados generan en las ciudades, especialmente en sectores turísticos y culturales.

Sin embargo, indicó que existen muchos graffiti que lo único que hacen es dañar la infraestructura pública. Entonces, este es un proyecto de ley que lo que pretende es penalizar y que de verdad las personas tengan que cumplir con algunas multas significativas e incluso con alguna prisión de tipo medio.

La iniciativa, que pasará a la comisión de Constitución, Legislación y Justicia supone como agravante que la propiedad afectada sea un inmueble patrimonial o monumento público, considerando una pena de presidio mayor en su grado máximo y una multa de 90 UTM.

https://youtu.be/2OJF0FGytZI

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