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Bolivia: Ciudad minera de Potosí suspende la huelga que mantuvo por casi un mes

Aizar Raldes | AFP
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La ciudad minera de Potosí, en el suroeste de Bolivia, suspendió temporalmente una huelga civil después de casi un mes, informó este domingo el líder de las protestas Johnny Llally, tras la medida que provocó un fuerte desabastecimiento de alimentos y ahuyentó el turismo.

“Se declara cuarto intermedio (pausa) a esta movilización; el cuarto intermedio es para cualquier momento, se ha indicado (que es para) preparar el cabildo”, afirmó Llally, citado por la agencia gubernamental de noticias ABI.

Precisó que este cabildo –una instancia deliberativa pública– definirá qué medidas de presión se asumirán próximamente.

La huelga comenzó el 6 de julio.

Los dirigentes civiles de Potosí y el gobierno boliviano concluyeron el miércoles sin acuerdos sus negociaciones en La Paz, razón por la que comité cívico (Comcipo) regresó a su región, con la intención inicial de reorientar y reforzar sus medidas de lucha.

Esta ciudad andina, donde se halla el Cerro Rico, que produce plata desde la época de la colonia hace cinco siglos, demandó durante casi un mes con marchas y huelga que el gobierno atienda sus reclamos por obras de magnitud, como por ejemplo un aeropuerto internacional, una fábrica de cemento y un hospital de tercer nivel con especialidades.

El poder Ejecutivo consideró inviables económicamente las dos primeras y dijo que la tercera y otras obras estaban ejecutándose.

Comcipo –informó Llally– determinó la suspensión temporal de las protestas “para que en unos 30 días se realice el cabildo” que definirá nuevas medidas. Entre tanto, la ciudad, de unos 200.000 habitantes, podrá reabastecerse y tratará por ahora de recuperar la normalidad laboral.

Las organizaciones de Potosí, según una resolución pública, declararon “enemigos” de la región al vicepresidente Alvaro García y al gabinete de ministros, por considerar que fueron ellos los que trabaron un acuerdo, que se negoció por varios días en La Paz.

Comcipo ratificó su pedido de renuncia del gobernador y del alcalde, ambos oficialistas.

El gobierno señaló que los reclamos tuvieron fines políticos y aseguró que cada día de huelga generó para la ciudad una pérdida de 5 millones de dólares.

Asimismo, el propio poder Ejecutivo señaló que los líderes civiles alientan un modelo de gobierno federalista que sería perjudicial, económicamente, para la misma región.

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