Se encendieron las alarmas en La Moneda, luego que se diera a conocer una indicación ingresada por parlamentarios en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que apuntaba permitir aportes de empresas exclusivamente a los partidos políticos por un monto máximo anual de UF 500, y que iba en contra del discurso del Gobierno, sobre terminar con el aporte de las empresas para las campañas.
La indicación al Artículo 33 bis del proyecto de ‘Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia’ con modificaciones a la Ley Nº 18.700, fue ingresada hace casi un mes, poco antes de iniciar la semana distrital de junio y a días de comenzar la Copa América, pero fue conocida en las últimas semanas, luego de que la ONG Ciudadano Inteligente se percatara de este cambio y lo hiciera público.
Hoy el Gobierno reafirmó la postura plasmada en el proyecto original y dejó en claro que tienen una visión bastante distinta a los parlamentarios oficialistas de La Nueva Mayoría. De hecho el ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, afirmó que los congresistas son libres de presentar indicaciones, pero el Ejecutivo mantiene su postura de terminar con el traspaso de dineros desde privados a la política.
“Los parlamentarios tienen soberanía para presentar indicaciones y para aprobarlas, pero la opinión del Gobierno es clara y categórica. Nosotros mantenemos el planteamiento original, en el sentido de prohibir todo aporte privado a la actividad política y a la actividad de los partidos políticos“, dijo Díaz.
Mientras tanto los diputados que impulsaron esta modificación intentaron explicar la situación, asegurando que la medida apunta a permitir que los parlamentarios que tienen empresas asociadas, pero externalizadas a los partidos, que fueron creadas para autofinanciarse, como el caso de algunas inmobiliarias, puedan inyectar recursos en sus campañas.
¿Cuál es el problema entonces?, que en la modificación no se especificaba que se permitieran aportes de las empresas de los partidos políticos, sino que sólo apuntaba a empresas como persona jurídica con un tope de aporte anual.
“El aporte máximo anual en dinero que cada persona natural natural o jurídica podrá efectuar a partidos políticos, estén o no afiliados a ellos, no podrá exceder las 500 UF al año”, señala la polémica modificación al Artículo 33.
Uno de los impulsores de la indicación, Aldo Cornejo, señaló que recién hoy se dio cuenta que era una pésima idea. “Para ser franco, yo me di cuenta de que es una pésima indicación no en el debate en la comisión, sino hoy, para qué voy a mentir. No puede ser una buena indicación aquella que genera dos o más interpretaciones, y en consecuencia, desde el punto de vista de la técnica legislativa, es una mala indicación, para resolver un problema que existe y que habrá que resolver, pero lo resolvimos mal”, sentenció.
