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Víctima de Karadima critica nuevo tribunal para obispos encubridores de curas pedófilos

ARCHIVO | Mauricio Mendez | Agencia UNO
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El papa Francisco autorizó la creación de un tribunal para sancionar a obispos encubridores de abusos sexuales por parte de otras autoridades eclesiásticas. En Chile denunciantes de Fernando Karadima y contrarios al obispo Juan Barros, señalan que la medida es insuficiente, si la justicia civil continúa sin sancionar este tipo de delitos.

El papa Francisco autorizó juzgar por “abuso de poder” a los obispos encubridores de curas denunciados por abusos sexuales a menores o personas frágiles.

La máxima autoridad de la Iglesia Católica ordenó la creación de un tribunal para esos casos, el cual estará a cargo de una sección de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que podrá recibir y examinar las denuncias que cualquiera presente contra los obispos por abuso de poder.

El delito de “abuso de poder episcopal” ha sido revisado porque ya existía en el derecho canónico, pero ahora se establecen los mecanismos para encarar esos casos.

El vocero del movimiento laico de Osorno, contrario al Obispo Juan Barros, Juan Carlos Claret, aseguró que cualquier paso que de el Vaticano para juzgar este tipo de hechos, no sirve de nada mientras no sea la justicia civil de un país quien dictamine una sentencia.

Uno de los denunciantes del sacerdote Fernando Karadima, James Hamilton, calificó de una obra teatral la medida adoptado por el Vaticano, ya que a su juicio se seguirán encubriendo casos de violación a los derechos humanos en la Iglesia.

El sacerdote jesuita y doctor en derecho canónico, Marcelo Guidi, señaló que las sanciones que podrán caer sobre quienes sean acusados de encubrimiento, dependerá de la graveda del abusos de autoridad.

En total se aprobaron cinco propuestas en este sentido que marcan un procedimiento jurídico que hasta ahora no existía.

La primera es que en este tipo de delito será competencia de tres congregaciones, la de los Obispos, la de la Evangelización de los Pueblos y la de las Iglesias Orientales, que podrán recibir y examinar las denuncias que cualquiera presente contra los sacerdotes por abuso de poder.

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