Opinión


¿Y a quién le importa la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor?

ARCHIVO | Hans Scott | Agencia UNO
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Hace algunas semanas volvió a tomar protagonismo en la Comisión de Medioambiente del Senado la discusión del proyecto conocido como Ley REP (Responsabilidad Extendida del Productor). Aunque para la mayoría de los ciudadanos este tema puede ser desconocido, debería ser especialmente relevante para ellos, porque de ser aprobada esta iniciativa provocará importantes cambios en la manera cotidiana en que nos relacionamos con la basura.

Para contextualizar, en 2009 Chile ingresó al selecto grupo de países desarrollados, agrupados en la OCDE. Desde entonces, nos hemos estado comparando con los estándares que dicha organización promueve. No se trata de parámetros cualquiera, sino los de aquellas economías de mercado avanzadas, cuyas políticas públicas han resuelto las necesidades básicas de las personas, y están en condiciones de ampliar la comprensión misma del desarrollo, hacia un modelo más sustentable.

Y así se entiende por qué, después de sus propias experiencias de industrialización, estos países se ocupen tanto en el impacto que la basura provoca en el medioambiente. En ese sentido, uno de los requisitos que hizo la OCDE para aceptar a nuestro país como miembro fue la implementación de la REP, instrumento para la gestión de la basura por el cual las empresas deben hacerse cargo de los productos que ingresan al mercado nacional aun después del consumo, cuando estos dejan de ser útiles para cumplir su propósito original.

Esto incluye a los envases y embalajes, pero en especial 9 productos definidos como prioritarios, ya sea porque tienen alto valor al ser reciclados (como el vidrio, el plástico, el papel y cartón), o incluso por su peligrosidad para la salud de las personas, animales o ambiente (como son las baterías usadas, lubricantes, plaguicidas o medicamentos vencidos). Para esto se fijará por decreto metas de recolección, según las cantidades ingresadas cada año y a la obsolescencia de dichos bienes.

El proyecto de Ley REP ingresó a la Cámara en 2013 con el número de boletín 9094-12 y fue aprobado en abril de este año. Hay que destacar que la discusión en la comisión respectiva fue fecunda, y hoy se aprecia un proyecto más robusto, que no refiere exclusivamente al instrumento de la REP, sino que amplía su objeto para servir de marco a la “gestión de residuos y fomento al reciclaje”, introduciendo nuevos mecanismos de apoyo a la REP.

Cabe preguntarse cómo se distribuirán en la práctica los efectos de esta regulación, qué áreas de la sociedad se verán más exigidos, y en qué aspectos una Ley REP contradice al actual modelo de disposición final de la basura.

En primera instancia los productores deberán adaptarse e internalizar en sus costos esta nueva regulación al ver extendida su responsabilidad. Pero probablemente no serán ellos los más afectados por este instrumento. En Chile la gestión de desechos industriales está bastante normada, y es posible que a las empresas les sea natural (y eficiente) innovar en esa dirección. En cambio, la Ley REP afecta especialmente la forma en que nos relacionamos con la basura en el ámbito comunal.

Por una parte, las municipalidades (ya sean rurales o urbanas, sin excepción) recibirán una carga importante, pues deberán implementar obligatoriamente, y quizás por primera vez, planes de segregación de basura en origen (tambores de color distintivo) y puntos limpios para reciclar, nuevos contratos con las empresas de basura, e informar a los vecinos. A su vez, los gobiernos regionales les darán a éstas apoyo para implementar sistemas de monitoreo de la basura, y así asegurar al Gobierno Central que se cumplan las metas anuales.

Avanzando en el nivel de complejidad, los conocidos “cartoneros”, que actualmente trabajan de forma absolutamente independiente, deberán formalizar sus actividades, para lo cual deberán inscribirse en un registro y luego certificar que tienen las competencias laborales para manejar no sólo cartones, sino todos los residuos prioritarios de una forma adecuada.

Pero sin dudas, los grandes protagonistas en esta política pública serán los vecinos, quienes tienen el hábito arraigado de sacar la basura en bolsas de supermercado 2 o 3 veces por semana (lo más lejos de su vista y olfato, pero a una distancia suficientemente cómoda), y en un futuro cercano deberán hacer un esfuerzo para segregar su basura, o quizás caminar cuadras para dejar ciertos residuos. Todo este conjunto de cambios ocurrirá en una cultura donde sacar 1 o 4 bolsas extra a la calle no tiene implicancia práctica alguna para el bolsillo de la mayoría de los chilenos.

La Ley REP persigue una ambición noble, y es hacer de nuestro desarrollo económico un proceso armónico, sustentable ambientalmente. Al conversar sobre ella nos hemos dado cuenta que no es una nueva credencial que nos asegura puesto dentro del selecto club de la OCDE. Se trata de crecer hoy sin comprometer los recursos de las futuras generaciones. Esto es un debate acerca de quienes reciben los beneficios y los desperdicios de nuestros patrones de consumo actualmente. Se trata, por ejemplo, de pensar en lo que sucederá cuando los rellenos sanitarios no tengan más capacidad, o si estamos dispuestos a dañar de forma permanente el suelo rural que nos alimenta con la basura de nuestras ciudades.

Un cambio de conducta sin un cambio de actitud, es legalismo. Por eso, la Ley REP debería aprobarse hablándonos seriamente como sociedad: ¿Cuáles son las cosas que realmente nos importan, cuales son nuestros valores? ¿Cómo hacemos cumplir en la puerta de la casa tan buenas intenciones? Porque en definitiva lo que ocurra con la basura de cada vecino será clave para el éxito de esta iniciativa.

Israel Vilches
Periodista y candidato a Magíster en Políticas Públicas UDP

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