El gobierno argentino fustigó este lunes a dos fondos ‘buitre’ por intentar perjudicar al país, luego de que NML Capital y Aurelius pidieran a la justicia estadounidense el bloqueo del pago de los bonos locales Bonar 2014.

Ambos fondos, con sentencia favorable de cobro por parte del juez federal de Nueva York Thomas Griesa en contra de Argentina, pretenden demostrar que esos bonos significan una emisión de deuda externa y, por lo tanto, bloquear el cobro a sus titulares.

Sin embargo, el ministerio de Economía argentino sostiene que se trata de una “emisión interna y de naturaleza local”, dado que no hubo intermediarios en la licitación de bonos ni se facilitó una evasión del fallo.

Argentina reestructuró su deuda en 2005 y 2010 con fuertes quitas de capital, en algunos casos del 65%, a cambio de emitir bonos de alto rendimiento atados al crecimiento de la economía y la inflación.

Pero NML Capital y Aurelius no ingresaron a esos canjes y están litigando en Nueva York por el cobro de toda la deuda.

El ministerio de Economía sostuvo en un comunicado divulgado este lunes que esos fondos pretenden “obtener ganancias usurarias de más del 1.600%” por bonos adquiridos luego del default lanzado en 2001 por Argentina en medio de una grave crisis económica, social y política.

Griesa respaldó la demanda y ordenó pagar al gobierno argentino USD 1.330 millones de dólares por deuda en default.

“En un nuevo intento de extorsión, los fondos buitres buscan que Griesa detenga los pagos de un bono que se rige por la legislación argentina, que se colocó mediante una licitación pública efectuada en Argentina y cuyos pagos se realizan en el país”, indica la nota de prensa.

“Se trata de deuda doméstica denominada en moneda extranjera, que nada tiene que ver con la jurisdicción del juez Griesa”, insiste.

Para el gobierno de la presidenta Cristina Fernández el objetivo de esos fondos es “seguir generando incertidumbre en el mercado para perjudicar a la República y a los bonistas”.

El comunicado señala que Buenos Aires no aceptará “extorsiones” y que “sigue abierta a encontrar una solución con el 100% de sus acreedores de manera justa, equitativa, legal y sustentable”.