El Primer Juzgado Civil de Chillán rechazó la demanda interpuesta por un grupo de propietarios, cuyas viviendas -aledañas a la cárcel de esa ciudad- fueron destruidas por el colapso de un muro del penal, así como el incendio provocado por internos que escaparon del lugar tras el terremoto de 2010.

El juez Héctor Heinrich desestimó la acción legal que buscaba una reparación de parte del Estado ascendiente a casi mil 300 millones de pesos para los ocho vecinos parte de la demanda, por concepto de daño moral, emergente y lucro cesante.

Las familias demandantes denunciaban un actuar negligente imputable a organismos públicos como Gendarmería y Carabineros por la falta de servicio.

El tribunal, si bien rechazó el argumento planteado por el Consejo de Defensa del Estado, respecto al caso fortuito como causal de exoneración, señaló que “la culpa del servicio debe ser probada por quien alega que este actúa mal, lo hace tardíamente o no actúa”.

Con relación a lo anterior, el juez Heinrich indica “que la prueba rendida por la parte demandante, en concepto del juzgado, resulta insuficiente para el fin descrito en el número anterior, puesto que, ninguna de ellas permite concluir que la caída del muro perimetral se debió a un defecto de construcción o mantención de éste y no a una consecuencia del movimiento telúrico”.