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Fiscalía espera condena ejemplar en Caso Paraguayos

Luis Ruz (RBB)
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El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santa Cruz inició el juicio en contra de los dos únicos imputados por el Caso Paraguayos, donde el principal involucrado fue sobreseído por enajenación mental.

El tribunal está presidido por la magistrado María Angélica Mulatti e integrado por los magistrados Rodrigo Gómez, Felipe Cortes y Marcela Yáñez del Tribunal Oral de San Fernando.

En abril de 2011 se invitó, a través de una carta firmada por el empresario Francisco Errázuriz, a ciudadanos paraguayos a conocer las bondades de nuestro país, recorrer los parajes y paisajes de la región de O’Higgins, pagándoles su viaje y estadía.

Además, se les planteaba la posibilidad de ganar mucho más dinero del que ganaban en su país.

De esta forma se logró traer a Chile con visa de turistas a 168 “invitados”, siendo recibidos en el terminal de Santiago después de viajar más de 60 horas por vía terrestre.

Posteriormente, fueron presentados a Errázuriz, quien les habría dado la bienvenida antes de que fueran trasladados hasta sus fundos, donde eran destinados a tareas manuales, siendo hacinados en bodegas.

Los imputados en esta causa son María Paz Guerra Fuenzalida, ex gerente de Recursos Humanos, y Blas Cardoso Bogado, ciudadano paraguayo empleado de las empresa Errázuriz.

De acuerdo a lo señalado por el fiscal Sergio Moya, se espera una condena ejemplar por las características del delito donde el principal inculpado, el ex senador y empresario Francisco Javier Errázuriz Talavera no fue citado dado que fue sobreseído por enajenación mental.

Otra de las aristas de este caso es que una vez que los trabajadores paraguayos eran instalados en los fundos Esperanza y Santa Marta de Muchigüe y San Antonio de Petrel de Pichilemu, eran obligados a firmar una declaración jurada donde se sometían a todos los estatutos de la empresa.

Además, eran amenazados con que si llegaban a reclamar por el trato que se les brindaba, serían denunciados a la policía como ilegales y expulsados del país.

Los sueldos eran muy por debajo del mínimo y se les descontaba la estadía, alimentación, vestuario y artículos de aseo, por lo que lo prometido era sólo una quimera.

Se debe consignar que entre estas personas habían dos menores de edad, quienes también fueron engañados y obligados a realizar trabajos forzados.

Se espera que este juicio se prolongue por casi un mes y en él también se hicieron parte el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio del Interior.

Los principales delitos en este caso son tráfico de inmigrantes adultos y menores, trata de personas para fines de lucro, trabajos forzosos, servidumbre, esclavitud o prácticas análogas de tratos inhumanos.

La Fiscalía pide condenas de cinco y quince años para los imputados en esta causa.

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