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Agrupaciones de DDHH califican de “inmoral” aportes de SQM y esperan renuncias de involucrados

ARCHIVO | Agencia UNO
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La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, espera la renuncia de las autoridades involucradas en el financiamiento irregular de campañas políticas, tras calificar como inmoral que solicitaran apoyo económico al ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou.

Como un hecho inmoral y repudiable calificaron las agrupaciones de Derechos Humanos que parlamentarios y autoridades de Gobierno recibieran aportes de la empresa Soquimich, luego que el presidente de Enersis, Jorge Rosenblut, reconociera que solicitó dineros para la campaña presidencial de Michelle Bachelet, en 2013.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, señaló que los casos Penta, SQM y Caval son hechos condenables a juicio de la organización, por lo que remarcó que la justicia debe avanzar en las investigaciones y aplicar las sanciones correspondientes a los responsables.

A juicio de la dirigenta, la ciudadanía valoraría que la actual administración intentara transparentar y enmendar los errores cometidos.

La dirigenta emplazó al Gobierno a enfrentar la crisis política, poner fin a la impunidad y los pactos de silencio que impiden el avance de las causas de lesa humanidad.

Así también, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, manifestó que el vínculo existente entre las grandes empresas y la política se logró gracias a la impunidad materializada en los últimos años.

En ese sentido, sentenció que para poner fin a las irregularidades se debe terminar con la democracia tutelada y con los amarres heredados por la dictadura.

Asimismo, acusó a la derecha de querer instalar un “desfile de declaraciones” para deslegitimar la ejecución de las reformas.

El abogado de Derechos Humanos, Héctor Salazar, agregó que la revelación de los casos Penta, SQM y Caval corroboran la “crisis moral”, los escollos y las dificultades que el país vivió en su transición a la democracia, lo que afectó también el avance en temas de violaciones a los DDHH.

Salazar concluyó que las “platas que se descubrieron no fueron para defender la democracia como decía Rosenblut”, sino que para consolidar a “ciertos sectores políticos” dentro del aparato de poder.

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