Diversas reacciones en el ámbito político y también en las redes sociales generó el informe dado a conocer por la Agrupación de Colegios Particulares Subvencionados de la región de Coquimbo y representantes regionales de la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE), en el cual los sostenedores aseguran que el 45% de los colegios particulares subvencionados de la región cerraría si se aprobara la reforma educacional en los términos en los que actualmente está planteada, mientras que un 38% se transformaría en recintos particulares pagados.
Según explicó Rafael Patiño, rector del colegio Andrés Bello Pampa y parte de la directiva de la agrupación, esta información la obtuvieron en base a una encuesta que habrían aplicado entre los establecimientos que se podrían ver afectados con la medida, los que en total llegarían a 45 en la zona, con una matrícula de 27 mil alumnos. “Nos han pedido una declaración más concreta respecto de la agrupación, con cifras y por eso es que levantamos esta información en nuestros colegios, que todo el mundo nos entregó a través de una encuesta y nosotros la tradujimos en este informe”, precisó.
Entre otros datos, este análisis además indica que de este universo, un 39,4% de los estudiantes se quedaría sin establecimiento por cierre, mientras que el 20,6% no podría mantenerse dentro del mismo por no poder pagar. Es decir, de acuerdo al estudio, sólo el 40% de estos estudiantes podría permanecer en el recinto educacional. “Hablamos de una cantidad enorme, 16 mil estudiantes que podrían andar buscando colegio a fines del 2016”, enfatizó.
Según indicó Dinko Koscina, presidente de la agrupación, la idea de elaborar este informe es la de entregarla tanto al gobierno regional como a los senadores de la zona “para que dispongan de datos más fidedignos de los efectos que podría tener esta reforma tal como está planteada en este momento. Esperamos que ellos puedan trabajar con estos datos y generar una reunión de trabajo con nosotros”, especificó.
No obstante, la senadora Adriana Muñoz señala que hasta la fecha no ha recibido tal documento y que tampoco “he sido convocada a ninguna reunión”. En este sentido, declara que “cuando estas cifras las entregan los mismos sectores involucrados, siempre surge la pregunta sobre la objetividad de aquellos estudios”.
Es por ello que la parlamentaria insta a no generar alarma en la comunidad. “Yo hago un llamado a la calma a los propios sostenedores e invoco a que no generen un estado de incertidumbre, de temor en los profesores, en los padres, apoderados, porque de verdad el marco en que ellos están realizando esta intervención pública, esta agitación, en un marco de desconocimiento de la comunidad a cabalidad del proyecto y además tal cual como salió de la Cámara de Diputados”.
Asimismo, la senadora enfatiza en que considera que los sostenedores, en sus propios intereses, están haciendo un uso de la poca información que existe hoy día a nivel país, particularmente en nuestra región acerca de los contenidos del proyecto. “Al parecer se olvidan de que esto tiene un segundo trámite en el Senado y nosotros empezaremos recién a conocerlo en la comisión de educación. Por cierto que yo comprendo la preocupación de los apoderados, porque ellos lo único que quieren es resguardar la educación de sus hijos y con esa comprensión es que nosotros vamos durante la tramitación del proyecto a buscar fórmulas para conciliar los objetivos y los propósitos centrales del mismo”.
La representante de la Cámara Alta insiste en que este no es un proceso que está concluido “y requerimos hacer un debate transparente, no sobre la base de fantasmas que estén recorriendo la región generando temor, pánico, diciendo que se van a cerrar todos los colegios el 2015, creo que esa es una mala forma de invitarnos a acercarnos a un diálogo”, puntualizó.
El diputado por el octavo distrito, Daniel Núñez, señaló que recibió los datos con mucha sorpresa, porque es la primera vez que ve antecedentes de este tipo en la región e incluso en el país, que a su juicio lo que buscan es generar la angustia en los padres. “Me parece que la información tiene claramente una intencionalidad de chantaje, o sea, lo que se quiere es provocar la desesperación, la angustia en los padres, provocar conmoción y, por esa vía, tratar de incidir en la votación que se va a dar en el Senado”.
En este contexto, Núñez enfatiza en que “lo que quiero decir es que si alguien cree los parlamentarios vamos a actuar por chantaje, presionados por este tipo de situaciones, comete un error gravísimo, porque se ha discutido en forma rigurosa y existen muchas garantías para que no existan cierres de colegios. Acá lo que hay es un interés por mantener las cosas tal como están. Encuentro que es una maniobra política de la peor calaña. Llamo a la gente a tener calma, seguridad, a saber que este tipo de informaciones no tienen sustento”, subrayó.
Por su parte, el diputado por el séptimo distrito, Raúl Saldívar, recalcó que se trata de una información que entregan los sostenedores. “Me gustaría comparar esos datos respecto de informaciones oficiales del ministerio de Educación, que permitan tener antecedentes sólidos y sustentables más que subjetivos que dicen relación con la determinación que tomen algunos sostenedores de establecimientos que, más allá de su compromiso con la educación, valoran y consideran otros aspectos y no el más sustantivo, que es el llevar adelante ese compromiso que los liga con la actividad educacional”.
Dice que no está en una posición de demonizar ni ser despectivo con los sostenedores de establecimientos particulares subvencionados “pero yo creo que sí se genera alarma, producto de la legitima defensa que pueden hacer los intereses de quienes han desarrollado esta actividad por tanto tiempo. En algún debido minuto las cosas van a ponerse en su lugar, esto va a decantar y, por lo tanto, la comunidad sabrá entender el verdadero sentido del proyecto, que no apunta a descalificar, a demonizar, a reducir ni menos aún a concluir con los colegios particulares subvencionados”, puntualizó el diputado.
