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Justicia italiana procesará a 8 ex militares chilenos por crímenes durante Plan Cóndor

ARCHIVO | Alessandro Di Meo | AFP
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La justicia italiana iniciará en febrero del 2015 en Roma el primer juicio contra 20 represores de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay por estar involucrados en la muerte de 23 ciudadanos italianos en el marco del llamado Plan Cóndor, acordado por las dictaduras militares de esos países en los años 70 y 80, informaron este lunes fuentes judiciales.

El juez Alessandro Arturi, que instruye desde hace un año el proceso, ordenó procesar a 20 miembros de las juntas militares y servicios de seguridad de esos cuatro países por el secuestro y homicidio de 23 ciudadanos de origen italiano.

Se trata del primer proceso en Europa por la Operación Cóndor, el dispositivo para coordinar la represión de las dictaduras sudamericanas en los años 70 y 80 que permitió la detención, el intercambio y la desaparición de miles de opositores a los regímenes militares.

En la lista de 20 procesados figuran el ex ministro del Interior boliviano Luis Arce Gómez y el ex mandatario peruano Francisco Morales Bermúdez.

Según informaron diversas agencias internacionales, entre los chilenos figuran Daniel Aguirre Mora, ex prefecto de la Policía, el militar Sergio Víctor Arellano Stark, el general Juan Manuel Guillermo Sepúlveda Contreras, el brigadier Pedro Octavio Espinoza Bravo, Carlos Luco Astroza, el coronel Marcelo Luis Moren Brito, el suboficial Orlando Moreno Vásquez y el coronel Hernán Jerónimo Ramírez.

Los inculpados, cuyas edades oscilan entre los 70 y 92 años, han sido acusados por la justicia italiana de secuestro de persona y homicidio múltiple agravado.

La lista original incluía también a tres fallecidos, entre ellos al ex dictador uruguayo Juan María Bordaberry, quien murió en 2011.

La fiscalía italiana abrió las investigaciones sobre la temida estrategia aplicada por los regímenes militares del Cono Sur hace más de quince años a raíz de las denuncias presentadas por los familiares de italianos desaparecidos.

Los imputados serán juzgados en ausencia. El Estado italiano y el de Uruguay se constituyeron parte civil en el juicio.

Gracias al “Plan Cóndor”, las dictaduras sudamericanas pedían a otras la captura y en algunos casos la eliminación o la extradición de secuestrados, siempre fuera de los parámetros que establecía la ley.

En algunos casos, militares de dos países participaban juntos en operativos y torturas.

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