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Acusan a alcalde mexicano de estar en una fiesta durante desaparición de estudiantes

Hector Guerrero | AFP
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El alcalde de la ciudad mexicana de Iguala fue acusado este jueves de quedarse en una fiesta en lugar de proteger a decenas de estudiantes que estaban siendo acribillados por sus policías y sicarios del narcotráfico.

Iñaky Blanco, fiscal de la región de Guerrero, dijo que la noche del 26 de septiembre el alcalde “prefirió seguir en una fiesta y posteriormente retirarse a cenar y luego a dormir” mientras en su ciudad se producían los ataques, en los que hubo seis muertos -incluidos tres estudiantes- y desaparecieron 43 alumnos normalistas que se teme fueron asesinados y enterrados.

El alcalde, José Luis Abarca, tenía “la obligación jurídica de actuar”, subrayó el fiscal en una conferencia en Acapulco (Guerrero).

Las sospechas sobre la responsabilidad de estas desapariciones, un caso que ha conmocionado e indignado a México, recaen cada vez más en Abarca y su esposa, quien tiene nexos familiares con narcotraficantes.

Después de los ataques, el alcalde todavía estuvo un par de días en la ciudad hasta que pidió una licencia y aparentemente huyó junto a su mujer. Blanco explicó que no pudieron detener al alcalde entonces porque contaba con fuero, que aún están intentando retirarle.

El fiscal reportó que otros cuatro policías de Iguala -ya suman 26- han sido detenidos bajo cargos de homicidio por su participación junto a sicarios en las balaceras.

Los estudiantes, conocidos por sus radicales acciones e ideología de izquierda, fueron atacados cuando se habían adueñado de varios autobuses para regresar a su escuela rural de la cercana Ayotzinapa.

Muchos de los jóvenes, que habían acudido a Iguala a recaudar fondos, fueron vistos por última vez en patrullas policiales.

Ante esta aparente alianza de agentes y narcotraficantes en Iguala, a solo 200 km de Ciudad de México, toda la policía municipal ha sido retirada de las calles y sustituida por fuerzas federales.

Las miradas también apuntan a la esposa del alcalde, María de los Ángeles Pineda, quien fue señalada en un reporte del servicio de inteligencia de ordenar al director de Seguridad Pública municipal que reprimiera esa noche a los estudiantes, temiendo que interrumpieran un discurso que ella debía dar ese día.

Sin embargo, el fiscal Blanco aseguró que no ha recibido ninguna denuncia contra la esposa, cuyos hermanos, ya muertos, fueron capos de un poderoso cártel del que surgieron los Guerreros Unidos, el grupo acusado de participar en los tiroteos contra estudiantes.

La fiscalía general ha reconocido que sabía de esta relación familiar, así como de una denuncia contra el alcalde por un homicidio en 2013.

El fiscal Jesús Murillo Karam alegó que, en el primer caso, no puede investigar a alguien solo por parentesco y, en el segundo, que la denuncia contra el alcalde estaba en la jurisdicción regional.

Trece días de búsqueda

En México, desde hace años acostumbrada a saber de atrocidades en el marco de la lucha contra el narcotráfico- se ha levantado una ola de indignación contra las autoridades tanto por estas desapariciones como por no haber actuado antes en Iguala.

En una inusual y emotiva jornada nacional de protestas, decenas de miles de mexicanos salieron el miércoles a las calles para exigir que se encuentre a los jóvenes y se aplique justicia a los responsables.

El presidente Enrique Peña Nieto afronta una creciente presión para esclarecer el caso, con pedidos explícitos de la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA) y Estados Unidos.

Centenares integrantes de las fuerzas de seguridad y de la fiscalía están investigando en Iguala (140.000 habitantes) por orden directa de Peña Nieto.

El mandatario desplegó su operativo el lunes después de conocerse el hallazgo de fosas clandestinas con 28 cadáveres prácticamente incinerados cuya identificación aún puede llevar días o semanas.

Las autoridades temen que entre esos cuerpos haya estudiantes, ya que dos sicarios de Guerreros Unidos confesaron desde prisión haber matado a 17 de los jóvenes en el lugar de las fosas. Las familias, en cambio, se resisten a creer que sus hijos estén muertos y denuncian que están en manos de policías locales fugitivos.

Milicianos en las entrañas del narco

También desconfiando de la investigación oficial, un grupo de milicias comunitarias de Guerrero inició el miércoles su propia búsqueda.

Machete y pala en mano, y calzando sandalias de cuero, medio millar de los llamados autodefensas escudriñan los cerros de las afueras de Iguala, cavan donde ven tierra removida y dicen estar dispuestos a adentrarse en cuevas donde creen que pueden estar raptados los estudiantes.

Estos campesinos -que se levantaron en armas en 2013 para proteger a sus comunidades del crimen organizado- catean e interrogan a cualquiera que se aparece por las brechas de terracería que recorren, en busca de la menor pista de los estudiantes.

Los autodefensas dicen que se han movilizado porque algunos de los jóvenes, la mayoría de entre 18 y 21 años, son originarios de sus comunidades.

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