La empresa Arauco defendió proyecto de ducto al mar, aprobado por la institucionalidad ambiental y está a la espera de las últimas autorizaciones para su concreción. Esto, luego que el Gobierno indicara que sería incompatible a actividades de pesca en espacios costeros marinos de pueblos originarios.

La empresa Arauco aseguró que aún trabajan en el proyecto de emisario al mar para que la planta Valdivia de celulosa vierta sus riles al mar y no al río Cruces, como lo exigió la institucionalidad ambiental y que señaló que es viable, entregando su permiso para que sea llevado adelante.

La controversia llegó cuando en el oficio numero 195 de solicitud de pronunciamiento de la declaración de impacto ambiental del proyecto “Pulpa Textil”, firmado por el intendente Egon Montecinos, donde se indica que el ducto sería incompatible con otras actividades como pesca, en espacios costeros marinos de pueblos originarios.

Lo anterior sustentado –como aparece textual en el oficio- en el “Plan de Macrozonificación de Uso del Borde Costero de la Región de Los Ríos, instrumento de planificación y ordenamiento territorial actualmente en proceso de aprobación, no permite la instalación de emisarios submarinos y de río – para el vertido de efluentes líquidos al mar o río-”, señalando que “sería incompatible con otras actividades”.

Al respecto, el gerente de asuntos públicos, Iván Chamorro, reconoció que si bien el proyecto de ducto al mar tiene la autorización ambiental, aún faltan otros permisos.

Chamorro manifestó que el proyecto de pulpa textil corre por un carril separado al del emisario al mar, independiente de que el Gobierno en sus observaciones a la Declaración de Impacto Ambiental de la primera iniciativa haya hecho alusión al cuestionado ducto.

Actualmente la empresa está a la espera de la concesión marítima solicitada a la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, además de permisos sectoriales y la discusión al respecto de la Comisión Regional de Uso de Borde Costero, la cual adoptará una decisión pero que necesariamente no es vinculante, ya que la entidad del Ministerio de Defensa tiene la última palabra.