Por delito terrorista fue ampliada el jueves la querella que presentó el Ministerio del Interior por el bombazo en el Metro de Santiago. Rodrigo Peñailillo justificó la acción legal por el daño y terror que el atentado buscaba ocasionar en la población, mientras que la Fiscalía Sur indicó que varias personas son indagadas tras el ataque, confirmando que la investigación se amplió a los grupos antisistémicos.
En la ampliación de querella, por delito terrorista, que este jueves presentó el Ministerio del Interior ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, se argumenta que sólo en el 2013 la empresa Metro transportó 666,9 millones de personas en Santiago y batió su propio récord de afluencia de cerca de 2 millones 600 mil pasajeros.
El objetivo es subrayar el riesgo en que estuvo la población el domingo 13 de julio pasado cuando a las 22:50 horas, sujetos -hasta ahora no identificados- dejaron en la estación de metro Los Dominicos un artefacto explosivo que fue detectado por el conductor generando la evacuación de los pasajeros. Diez minutos más tarde la bomba detonó.
El abogado del Gobierno, Víctor Santelices, señala en el documento que el artefacto se instaló cuando el Metro estaba funcionando, lo que a su juicio es una “circunstancia que determina la potencialidad lesiva de dicha conducta”.
El Ministro del Interior Rodrigo Peñaililo señaló que la ampliación de la querella se justifica plenamente ya que la intención de las personas que colocaron la bomba era hacer daño a inocentes.
El Fiscal Regional Sur, Raúl Gúzman, explicó que aún están realizando diligencias para determinar los autores de los hechos y que como han pasado pocos días, todas las líneas investigativas están abiertas.
Una de ellas es que grupos antisistémicos podrían estar detrás, lo cual -según el fiscal- amplía el espectro investigativo, pese a que ningún grupo se adjudicó el atentado.
Por otro lado, parlamentarios UDI se querellaron contra todas aquellas personas que resulten responsables -en calidad de autores, cómplices o encubridores- de colocación de artefacto explosivo y daños con carácter terrorista.
La acción judicial fue liderada por el diputado Gustavo Hasbún y en ella se asegura que la detonación “deja en evidencia el afán terrorista y la intencionalidad del autor.
Hasbún anunció que solicitaron antecedentes a España para que entregue información de supuestas células terrorista en Chile. Lo anterior, a propósito de la indagatoria que se lleva en el país ibérico de los dos chilenos procesados por este tipo de causa.
Pablo Riquelme Matus quien se entregó por ser uno de los sospechosos, será formalizado este viernes en Chillán tras pasar a control de detención en el centro de justicia.
Su abogado, el defensor penal público Rodrigo Hermosilla, explicó que no existe vínculo entre su defendido y el caso de la bomba. Mientras que el fiscal oriente Luis Jaramillo explicó por qué se realizó este control de detención.
Con la ley antiterrorista se endurecen las eventuales penas a los culpables, aumentando casi al doble. De 3 a 10 años de presidio que contempla la legislación, se salta de inmediato a un tramo de 5 a 20 años de cárcel.
