En el Tribunal de Garantía de Valdivia la fiscalía reformalizó a cinco de los siete imputados investigados por retirar y cobrar, desde el Segundo Juzgado Civil de esta ciudad, cheques destinados a pagar a los propietarios legales de terrenos expropiados por el Estado, esto en un caso ocurrido entre el 2011 y 2013.

Según el Ministerio Público, los imputados obtenían los cheques presentando documentación falsa para hacerse pasar por los dueños de esos terrenos, que en realidad pertenecían a empresas y personas naturales.

En la audiencia de reformalización, la fiscalía comunicó que los imputados, Luis Contreras Kahler y Mario Santana Urbina, que se les investiga por el delito de uso malicioso de instrumento público falso y estafa, habrían planificado la obtención fraudulenta y posterior cobro de dos cheques desde el Segundo Juzgado Civil de Valdivia, contactando primero a Carlos Richard Sandoval Vargas y, después a Jorge Fernando Silva Vargas, quienes de manera fraudulenta lograron que el Tribunal les girara 6 millones y 72 millones de pesos aproximadamente, respectivamente.

Asimismo, la fiscalía comunicó que a Contreras Kahler se le investiga por planificar otros dos delitos con el mismo modus operandi, tras contactar a Marco Antonio Prosa Fernández y, después a Rodrigo Valentín Muñoz Fornerod, quienes retiraron también bajo engaño, 168 millones y 59 millones de pesos respectivamente.

Al respecto, el abogado de Contreras Kahler, Carlos Pérez, indicó que su responsabilidad penal deberá ser probada y dijo que a su juicio existen pocas pruebas para ello.

Por este caso está imputado también Juan Osorio Solís de Ovando, debido a que –según la fiscalía- de forma fraudulenta logró que el tribunal civil le girara 309 millones de pesos, tras simular ser propietario de un terreno expropiado al Ejército para la ampliación de la avenida Costanera y el mejoramiento de las avenidas Argentina y Ecuador de Valdivia.

Osorio Solís de Ovando está en prisión preventiva anticipada, ya que cumple condena en una cárcel de Santiago. En cuanto al imputado Sandoval Vargas –a quien se le levantó hace un tiempo la medida de prisión por padecer de una enfermedad terminal-, este no se presentó a la audiencia, por lo que se despachó una orden de detención en su contra.

El plazo de investigación vigente es de 300 días.