La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile expuso esta tarde ante la comisión de economía de la Cámara de Diputados sus planteamientos y principales inquietudes respecto del proyecto de ley sobre fortalecimiento del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).
“El comercio es el mayor interesado en satisfacer a los consumidores, por eso, compartimos el objetivo de avanzar hacia un Sernac con más fuerza y con atribuciones efectivas para defender los derechos de los consumidores. Sin embargo nos preocupa la estructura propuesta en el proyecto de ley, pues le entrega al organismo facultades para sancionar, fiscalizar e interpretar la ley”, dijo el presidente de la CNC, Ricardo Mewes, durante su exposición.
En esa línea, el gremio propuso que el Sernac sea una entidad autónoma, independiente del gobierno de turno. Para ello planteó la creación de un Consejo Directivo pluralista con miembros de diversas procedencias e ideologías, y que sea éste quien nombre a su Director Nacional.
Para solucionar las controversias entre consumidores y proveedores, la CNC sugirió la creación de una Comisión Especializada, autónoma y colegiada, formada por expertos en materias de consumo, académicos, representantes de asociaciones de consumidores y del mundo empresarial, que tenga la función de resolver -a través de una mediación- los conflictos que se produzcan. En caso que no se logren aunar posturas entre las partes, la situación será derivada a los tribunales de justicia.
“Estamos de acuerdo con que la infracción de la ley debe, necesariamente, traer como consecuencia una sanción. Nuestro planteamiento es que ese procedimiento se lleve a cabo por un organismo imparcial, que sea capaz de mediar con neutralidad y objetividad, resguardando el legítimo derecho de ambas partes”, explicó Mewes.
Otro tema de preocupación abordado por el gremio durante su exposición fue la facultad que el actual proyecto de ley le otorga al Sernac para ingresar a inmuebles con el uso de la fuerza pública, sin previa autorización de los tribunales de justicia. “Creemos que esa atribución viola las garantías del Estado de Derecho. Es rol de la fuerza pública asegurar el cumplimiento de la ley, pero su actuar siempre debe contar con un mandato y autorización de los tribunales de justicia”, enfatizó el timonel del gremio.
“Esperamos, a través de esta propuesta, contribuir a la discusión para que podamos avanzar hacia la construcción de una institucionalidad autónoma, técnica y colegiada, que garantice transparencia, ecuanimidad e independencia en el resguardo de los derechos de los consumidores”, enfatizó Mewes.
