La Fiscalía Metropolitana Centro Norte formalizó este martes a los notarios Roberto Mosquera Gallegos y María Gloria Acharán Toledo, debido a las presuntas irregularidades cometidas con las firmas requeridas para formalizar dos candidaturas presidenciales. Ambos podrían perder su cargo de comprobarse eventualmente los delitos.

En el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se desarrolló este mediodía la formalización de ambos ministros de fe, por presunta infracción al artículo 129 de la Ley de Votaciones, es decir, que no estaba presentes para validar las firmas de adherentes que presentaron ante el Servicio Electoral los comandos de Tomás Jocelyn-Holt y Franco Parisi.

El fiscal a cargo de la investigación, Marcelo Carrasco, de la unidad de delitos de alta complejidad de la Fiscalía Centro Norte, fue el encargado de presentar los cargos contra los notarios.

En el caso de Acharán, se le imputa la infracción por 38 personas que niegan haber respaldado a Jocelyn-Holt, más dos casos de adherentes que figuran muertos al momento en que, según los registros entregados al Servel, habrían concurrido a su notaría a firmar.

Respecto al notario de Parisi, Roberto Mosquera, 2.550 ciudadanos desconocen haber firmado en su notaria. Asimismo, aparecen registros de validaciones en días que el notario estaba con permiso administrativo y otras en feriados.

En la ocasión, Acharán reivindicó su rol en respaldo de candidaturas independientes tras la audiencia, y negó que haya cometido irregularidades.

Por su parte, Mosquera salió del tribunal sin hacer declaraciones. Quien sí las hizo fue el fiscal Carrasco, el que reconoció que en una eventual condena las penas son bajas, pero que ambos perderían sus cargos.

El caso de Mosquera tiene otra arista que aún se investiga, ya que reconoce que validó sólo un poco más de 6 mil firmas de las 54 mil que presentó el comando de Parisi ante el Servel.

Los dos ministros de fe quedaron con arraigo mientras dure la investigación, que el juez Jaime Fuica fijó en 6 meses.

Además, los notarios enfrentan investigaciones administrativas, en que se les suspendió por cuatro meses y se les abrió un cuaderno de remoción, la más alta sanción que establece el código de tribunales, situación que está a la espera de un fallo en la Corte Suprema.