El gobierno argentino consideró este viernes un “gesto inamistoso” de parte del gobierno de Uruguay la autorización del aumento de producción de una planta de celulosa en un río fronterizo y señaló que “reevalúa” la relación bilateral, según un comunicado de la Cancillería.
“Se trata de un gesto inamistoso de parte de su gobierno en un tema que desde octubre de 2013 ha surgido como una nueva etapa de la controversia entre nuestros países en torno a la violación por parte del Uruguay del Estatuto del Río Uruguay”, señala la nota, que transcribe una carta remitida al canciller uruguayo Luis Almagro.
En la misiva, firmada por el ministro de Relaciones Exteriores Héctor Timerman, Argentina informa que recurrirá otra vez a la Corte Internacional de La Haya y que “reevalúa todas las políticas de relacionamiento bilateral con el Uruguay”.
El gobierno del presidente José Mujica autorizó un aumento de producción a una planta de producción de celulosa de la finlandesa UPM ubicada sobre el Uruguay, un río de administración compartida con Argentina, que rechazó la instalación de la fábrica argumentando su efecto contaminante.
UPM señaló en un comunicado que su planta “ha cumplido con todas las exigencias impuestas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (de Uruguay), por lo que fue autorizada a aumentar su producción a los niveles solicitados en el año 2011″.
La planta que funciona desde 2007 ha sido objeto desde su construcción de un severo conflicto con Argentina.
Militantes por el medio ambiente de Gualeguaychú (230 km al norte de Buenos Aires), la población costera argentina frente a la cual se encuentra la fábrica, bloquearon durante casi tres años y medio el tránsito por un puente internacional entre ambos países.
Argentina llevó el caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que rechazó en 2010 su demanda de relocalizar la fábrica afirmando que no hay pruebas de que contamine, pero ordenó que ambos países controlen de forma conjunta el impacto ambiental en el río.
Las protestas se habían reavivado en octubre de 2013, cuando Mujica autorizó un incremento de 1,2 millones de toneladas anuales la planta de celulosa.
