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Corte acoge solicitud de desafuero del diputado Rosauro Martínez por crímenes en dictadura

Rosauro Martínez | Pablo Ovalle/Agencia UNO
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La Corte de Apelaciones de Valdivia acogió el desafuero del diputado Rosauro Martínez (RN), investigado por su presunta responsabilidad en el asesinato de tres miristas durante la dictadura en Panguipulli, región de Los Ríos. Uno de los abogados del legislador indicó que buscarán apelar a la medida.

En un fallo unánime, el pleno de la Corte de Apelaciones de Valdivia acogió el desafuero del parlamentario, que está siendo investigado por su responsabilidad en los homicidios calificados de Próspero del Carmen Guzmán Soto, Patricio Alejandro Calfuquir Hernández y José Eduardo Monsalve Sandoval, ocurridos el 20 de septiembre de 1981 en el sector de Remeco Alto, comuna de Panguipulli.

Según el abogado querellante Vladimir Riesco, que representa a la Agrupación de Ejecutados Políticos, y como también lo estimó la Justicia, los antecedentes presentados son suficientes para tener sospechas fundadas de la participación del congresista en los delitos antes mencionados, en cuanto a su participación directa en los hechos y su eventual responsabilidad de mando cuando fue capitán del Ejército a cargo del operativo contra los miristas.

En tanto, el abogado Boris Paredes, querellante por parte de una de las familias de las víctimas, aseguró que existen antecedentes suficientes para posteriormente condenar a Martínez.

Por su parte, Marcelo Calfuquir Henríquez, hermano de una de los miritas asesinados, dijo que este fallo demuestra la necesidad en la sociedad actual de respetar los derechos humanos.

Desde la defensa de Martínez, uno de sus abogados en Valdivia quien se excusó de ser grabado, dijo que iban a apelar a la Corte Suprema, teniendo para ello un plazo de cinco días.

Recordemos que en el episodio de Remeco Alto en 1981, los tres miristas llegaron hasta una vivienda a pedir ayuda. Luego de hacerlos pasar, la dueña de casa ordenó a su hijo a que avisara a Carabineros. A su vez, la policía informó al Ejército.

Así, unos 40 efectivos llegaron a la casa y rodearon el inmueble, produciéndose tiroteos y ráfagas de disparos que duraron cerca de cinco horas. Según los querellantes, en dicho enfrentamiento no había equilibrio en las fuerzas y acusan que la misión militar coordinada con la CNI, más allá de detener a los denominados elementos extremistas, buscaba eliminarlos.

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