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Gobierno acusa a periodistas bolivianos de “espionaje” en litigio marítimo Bolivia-Chile

Archivo | Sebastián Rodríguez | Agencia UNO
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La directora y un periodista de un diario local fueron acusados de espionaje ante la justicia por la Procuraduría General, que reclama por la publicación de datos reservados de la querella que Bolivia plantó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), informó el jueves el rotativo.

La directora del diario La Razón, Claudia Benavente, y el periodista del mismo medio, Ricardo Aguilar, fueron citados a una declaración informativa ante un fiscal por “presunta comisión del delito de espionaje, revelación de secretos”, afirmó el cotidiano en un comunicado público.

Según el diario, uno de los más influyentes de Bolivia, el procurador Héctor Arce “presentó la denuncia y solicita iniciar acción penal por delitos de orden público” y además “pide que se solicite al juez competente levante el secreto de la fuente”, norma que ampara a los periodistas.

La Razón publicó en abril un artículo, firmado por Aguilar, que revela detalles de la demanda que Bolivia presentó días después ante la CIJ en La Haya, con su centenario reclamo a Chile de una salida soberana al océano Pacífico, que perdió en una guerra a fines del siglo XIX.

El tabloide develó que la argumentación boliviana ante La Haya iba a hacer alusión -como finalmente ocurrió- a que Chile hizo ofrecimientos a lo largo de la última centuria para resolver el diferendo marítimo, lo que en derecho se denomina “actos unilaterales de los estados que crean obligaciones”.

Hasta entonces Santiago estaba persuadido de que Bolivia iba a basar su estrategia en el concepto de “derechos expectaticios”.

En la publicación, La Razón afirmó que el petitorio boliviano iba a tener tres ejes: “1. Chile se ha obligado a solucionar el enclaustramiento a través de varios actos unilaterales; 2. Chile ha incumplido esa obligación; y 3. Que la Corte debe ordenar a que Chile cumpla su obligación de negociar de buena fe en determinado plazo”.

La revelación prematura y no oficial de los fundamentos de la querella boliviana motivaron al procurador Arce, que forma parte del equipo jurídico boliviano en la demanda marítima, a considerar que hubo “espionaje y revelación de secretos” de Estado.

La Razón señaló que la publicación “fue procesada de manera lícita (y) sin violar ninguna norma”, y que apelará a una Ley de Imprenta, de 1925, para cuidar su fuente y la validez de su publicación.

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