Hasta la Contraloría General de la República llegarán los consejeros regionales María Angélica Barraza, Carlos Recondo y Harry Jurgensen para esclarecer qué pasó con el proyecto de construcción de una planta de tratamiento y alcantarillado para la localidad de Las Cascadas, en la comuna de Puerto Octay, que quedó inconcluso con un 90% de avance, luego de la quiebra de la empresa que ejecutaba las obras.
El proyecto, del cual es titular el municipio de la comuna lacustre, contemplaba una inversión cercana a los 1.700 millones de pesos, con ajustes presupuestarios incluidos, sin embargo, tras la salida del ejecutante, obligó a la entidad edilicia a elevar un nuevo proceso de licitación, el cual si bien atrajo a empresas constructoras, acarreó consigo la sorpresa de que las que ofertaron lo hicieron por valores muy elevados, entre los 1.800 y 2 mil millones de pesos, valor –incluso- mayor al total de la obras.
Según alegaron los particulares, el proyecto debería ejecutarse de nuevo, no sólo por el 10% restante. Algo que para la presidenta de la Comisión Provincial del Consejo Regional en Osorno, María Angélica Barraza, debe ser investigado por Contraloría a través de una auditoría.
La moción de llevar la situación a la entidad contralora fue presentada en el Consejo Regional, sin embargo no logró la votación necesaria para que sea el cuerpo colegiado el que solicitara la auditoría.
Pese a ello, Barraza anunció que como consejeros de la oposición, junto a Recondo y Jurgensen, solicitarán al diputado Felipe De Mussy que presente el requerimiento a Contraloría; en todo caso aclaró que las acciones no son una persecución contra el municipio de Puerto Octay.
Según se informó, el proyecto se encuentra en la actualidad en proceso de revisión por parte del Ministerio de Desarrollo Social pudiendo recibir la venia por parte de la cartera para ir en busca de nuevos recursos regionales o definitivamente ser desechado.
