El director del Instituto Nacional de la Juventud, Nicolás Preuss, aclaró que el decreto de nombramiento de la directora de la región de Los Lagos de esta entidad, perteneciente a la antigua administración, Pilar de La Cerda, aún se encuentra activo.

Recordemos que la polémica entre una nominación y un eventual nombramiento se originó en dependencias de la dirección del Injuv en la región de Los Lagos, donde, según lo declarado por el secretario nacional de funcionarios de esta entidad, Pablo Santana, el jefe de gabinete del intendente, Carlos Andrade, habría presentado a Felipe Román como el nuevo director del Injuv regional, solicitando con ello todas las atribuciones e implementación que requiere el cargo como tal.

Estas declaraciones son totalmente opuestas a la versión entregada por el director nacional de esta dirección pública, Nicolás Preuss, quién aclaró esta situación, argumentando que jamás se le ha solicitado la renuncia a la directora de la anterior administración, Pilar de La Cerda, con quien se comunicó para informarle que continuará en ejercicio de sus funciones, ya que la persona que ingresó al Injuv asumirá como director una vez que se cumpla el fuero maternal o que la directora decida de forma voluntaria dejar la repartición pública.

En relación a la denuncia de la supuesta irregularidad que el diputado UDI por el distrito 56, Felipe De Mussy, habría realizado públicamente en en relación a la vulneración de derechos del trabajador y la maternidad y lo que denunció Pablo Santana, secretario nacional de funcionarios, que de parte de la Intendencia Regional de Los Lagos se habría presentado a un nuevo director y no a un funcionario administrativo nominado para que en el futuro pase a tener dicho cargo. Lo que el Director Nacional, Nicolás Preuss, calificó como un desconocimiento de parte del diputado y del funcionario de como opera el Instituto Nacional de la Juventud.

Finalmente, el director nacional, acreditó que es de su responsabilidad exclusiva la nominación de los directores regionales, por lo que no se puede argumentar que un jefe de gabinete entregue órdenes que no fueron emanadas de la entidad a cargo.