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UE multa por más de EUR 950 millones a cinco empresas de repuestos de vehículos por colusión

kemeko1971 (CC)
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La Comisión Europea decidió imponer una multa de 953 millones de euros a cinco fabricantes de rulemanes (rodamientos) para automóviles y camiones que se acordaron para fijar los precios durante más de siete años y repercutir en sus clientes el alza del precio del acero.

La multa alcanza a cinco empresas, dos europeas y tres japonesas, mientras que una sexta compañía japonesa, que participó en este cártel ilegal, recibió inmunidad de la Comisión por haber revelado la existencia de este acuerdo secreto.

Este es el sexto monto más elevado infligido hasta la fecha por la Comisión Europea a un grupo de empresas que participaron en un cártel.

“Los cárteles en el mercado de repuestos de automóviles podrían reducir la competitividad en la industria automotriz e inflar artificialmente los precios”, indicó en el comunicado el comisario europeo a cargo de la Política de Competencia, Joaquín Almunia.

Los vehículos “contienen numerosos rulemanes (rodamientos), para las ruedas, la caja de velocidad, la transmisión, el alternador o el compresor de climatización”, señala la Comisión.

Según la Comisión las empresas japonesas, JTEKT, NSK, NFC y NTN, así como la alemana Schaeffler y la sueca SKF, se coordinaron para elaborar una “estrategia tarifaria secreta en el mercado automotor durante más de siete años, de abril de 2004 a julio de 2011, en el conjunto del Espacio Económico Europeo (EEE)”.

Se estima, según la Comisión, que el mercado de rulemanes (rodamientos) en la Unión Europea (UE) representa al menos 2.000 millones de euros por año.

La empresa japonesa JTEKT, cuya multa fue fijada en 86 millones de euros, recibió la inmunidad de la Comisión por haber revelado el acuerdo entre las empresas.

NSK fue multada con más de 62 millones, NFC con casi 4 millones, la sueca SKF por 315 millones, la alemana Schaeffler con más 370 millones y la japonesa NTN con 201 millones de euros.

Todas recibieron una reducción de 10% por decidir resolver el litigio pagando a la Comisión, según el Ejecutivo europeo.

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