El presidente del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos, Prais, en Osorno, Mario González, llamó a las nuevas autoridades a dejar de proteger a quienes cometieron violaciones a los derechos humanos.

Lo anterior, en relación a las críticas provocadas por la renuncia del Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Solís, quien lideró la investigación que involucra al hermano del actual jefe del Ejército. “Renuncia que aún da que hablar”, señaló González.

El representante del Prais declaró que reiteradamente se les ha negado justicia ante casos de DDHH, tanto del poder judicial como del poder político. Además agregó que este último “incluso habría protegido a los victimarios”.

“Aún existe protección de los victimarios, además de las presiones cuando se trata de familiares de los primeros”, señaló refiriéndose a dos casos puntuales; el del hermano del actual general en Jefe del Ejército y el caso de la ex subsecretaria, Carolina Echeverría.

González aseguró que tras conocerse la renuncia de Solís, asesor del equipo de jueces con dedicación exclusiva para resolver juicios por violación a Derechos Humanos, queda de manifestada la presión que aún impera en los círculos políticos y judiciales cuando se trata de personas que ostentan alguna relación con generales o políticos.

Recordemos que, según consignó el sitio Ciper Chile, fueron 25 los militares y civiles a quienes el Ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa, procesó por el asesinato de comunistas; cinco estudiantes universitarios, un obrero y un agricultor, el 10 de noviembre de 1973.

Entre los anteriores, el general en retiro Carlos Eduardo Oviedo Arriagada, hermano del jefe del ejercito actual, Humberto Oviedo, acusado de ser el autor material de los siete homicidios calificados y cómplice de las torturas a las que fueron sometidos los “prisioneros”.

Por su parte, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, revocó la privación de libertad de 16 de los 25 carabineros, militares y detectives en retiro, imputados por la muerte de los militantes comunistas.