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Seremi de Justicia de Los Lagos plantea modificar la Ley Antiterrorista para permitir su aplicación

Leonora Enking (CC)
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Una de las polémicas que se ha suscitado en los últimos días a nivel nacional ha sido la aplicación de la Ley Antiterrorista, la que agrava cualquier pena hasta tres grados; es decir, si alguien es condenado a una pena de 5 años, ésta se triplica al ser el delito tipificado como terrorista.

Al respecto, el seremi de Justicia en la región de Los Lagos, Marcos Velázquez, argumentó que la última modificación de esta ley fue positiva, pero señaló que es imperativo reformarla nuevamente para que a las víctimas de hechos como el ocurrido en Temuco, con el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay, se les haga justicia.

Según Velázquez, los ciudadanos de nuestro país exigen una Ley Antiterrorista más clara y efectiva, asegurando que uno de los temas a debatir debe ser cómo probar el dolo o la intención de generar un acto terrorista, lo que actualmente es muy difícil.

En tanto, el abogado penalista, con vasta experiencia en la zona, Juan Cristóbal Grünwald, que actualmente se desempeña en la región de Los Lagos, analizó la actual situación de esta la ley, insistiendo en que el carácter subjetivo que requiere, en cuanto a la intención de la acción terrorista, es muy compleja.

Un ejemplo de esto último es el caso Pitronello, donde a pesar que se instaló una bomba de noche, el tribunal descartó terrorismo ya que no se comprobó que el actuar del joven tuviera una finalidad de infundir temor.

En cuanto a su modificación, Grünwald destacó que si bien se puede cambiar la actual ley y eliminar el requisito del dolo, esto perjudicaría la igualdad de personas imputadas por terrorismo ante la ley, ya que sostuvo, cualquier persona que sea sindicada por este último delito estaría en desventaja al momento de defenderse puesto que se presumiría sin pruebas que el fin último era ocasionar un acto terrorista.

Cabe consignar que para que un delito sea caratulado como terrorista, se debe acreditar dolo y la intención de producir en la población temor justificado de sufrir el mismo delito, generando la normativa discrepancias entre los expertos que se dedican al tema jurídico.

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