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Comisión del Congreso concluye no revocar RCA ni aplicar Convenio 169 al proyecto Pascua Lama

Barrick Pascua-Lama (c) | Flickr
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En mayo de 2013 la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión que indagara en los efectos al medio ambiente del proyecto minero Pascua Lama, ubicado en el Valle del Huasco, Región de Atacama.

La instancia -se dijo- pretendía verificar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, eventuales daños al Valle de Huasco y determinar las responsabilidades de los organismos fiscalizadores, además proponer medidas para corregir supuestas irregularidades. Sin embargo, a 8 meses de su creación, los resultados del grupo parlamentario terminaron por avalar las acciones de Barrick Gold, dueño del proyecto binacional de oro y plata.

Según conoció Pulso, el informe final fue aprobado por 10 votos a favor y 2 en contra, en el que en líneas generales confirma el correcto manejo de la compañía canadiense para resolver sus incumplimientos, como someterse a la Superintendencia de Medio Ambiente.

Así entonces, se dejó de lado la idea de sugerir la revocación de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) obtenida en febrero de 2006, la que sólo debiera ocurrir en caso que “la empresa reincida en incumplimientos manifiestos”.

Otro punto no menor, es que se descarta que a Pascua Lama se le aplique el Convenio 169 de la OIT por consulta indígena, ya que -revisada la legislación-, no se aplicaría al caso.

“En virtud del principio de irretroactividad de las normas, no pueden aplicarse al proyecto aquellas normas que no estaban en vigencia antes de que el desarrollo del proyecto fuera autorizado por el Estado de Chile, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; el Inventario de Glaciares y la Política y la Estrategia Nacional de Glaciares; la modificación al Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental referida a los glaciares y la modificación al Reglamento de Caudales Ecológicos de la Dirección General de Aguas”, afirma el documento.

También se manifestó la necesidad de mejorar el proceso participativo de las comunidades cercanas a un proyecto de tal envergadura, algo que la legislación actual tiene al debe, ya que debiera evitar “denuncias, protestas y disconformidad posteriores a la aprobación ambiental”, como ha ocurrido con Pascua Lama, que hoy se encuentra paralizada.

Los disidentes al informe fueron Marcelo Shilling (PS) y Alberto Robles (PRSD), este último quien criticó la forma en que se evaluó en proyecto, basado más en la legislación que en lo político.

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